El fracaso de la mediación judicial que habilitó el juez
Francisco Marinkovich para tratar de encontrar una solución al conflicto
municipal que afecta a la capital santacruceña cierra un ciclo caracterizado
por la inercia política y social ante diez semanas de conflicto y abre un nuevo
ciclo que tendrá otra dinámica, y que estará regido por el vértigo que le
imprimirán los tiempos electorales.
Pareciera una casualidad, pero tal vez no lo sea, que el
cronograma electoral marque los tiempos de la crisis política que afecta al
Municipio local desde hace más de 70 días. Este martes vencerá el plazo para
que la justicia electoral provincial se expida sobre los frentes electorales que
se inscribieron la semana pasada, y a partir del sábado los partidos políticos
ya darán a conocer a sus principales candidatos para las primarias abiertas de
agosto.
En agosto el electorado santacruceño acudirá a las urnas
para elegir a los candidatos nacionales y del Mercosur, pero no tendrán que elegir
entre candidatos para ocupar cargos provinciales o municipales, ya que para esas
categorías rige la Ley de Lemas, y se votarán directamente el 25 de octubre.
Lo significativo de los plazos electorales es que son
tiempos que se miden con otra vara, generalmente la de la urgencia. En ese
contexto, el conflicto municipal adquiere otra dimensión y los mismos
protagonistas otro peso específico, ya que, si no se soluciona en lo inmediato,
será visto con otros ojos. A partir de ahora el conflicto municipal dejará de
ser un simple conflicto de provincia para convertirse en un potencial escenario
con reflejo en los medios nacionales, en los cuales hasta el momento pasó
desapercibido. Después de todo, Río Gallegos sigue siendo la cuna del
kirchnerismo y el intendente es un referente del Frente para la Victoria.
Sin embargo ésta última afirmación se apoya sobre terreno
dudoso, ya que en los últimos tiempos si hay algo que caracterizó a la gestión
de Raúl Cantín ha sido la orfandad política, ya que ninguno de los partidos que
lo llevó a la intendencia se quiere hacer cargo de su pertenencia, y pocos
quieren salir en la misma foto con el jefe comunal.
Pero como decimos, los tiempos han cambiado y el propio
intendente ha dado hoy una muestra de cómo manejará la tensión en los próximos
días, al señalar que de ahora en más descontará los días de paro de aquellos
que sigan la huelga. Sin embargo, este endurecimiento de su posición viene
después de haber ofrecido lo mismo que en la última paritaria de hace dos
semanas, el 5% en dos cuotas, y después de 70 días de paro.
En el medio queda una ciudad sumida en el abandono y un
agotamiento de la paciencia de todos los sectores, ante la falta de resolución
de un conflicto que afecta a todos por igual. Pero el cansancio no es sólo para
el estado calamitoso de la ciudad, que no viene solo de ahora, sino porque es
evidente la incapacidad para generar instancias negociadoras que permitan
superar una crisis que puede ser terminal para la actual gestión. Y esos
ámbitos se deben generar desde el poder político.
Por un lado, la conducción gremial se encuentra encorsetada
en el mandato asambleario que deja poco margen para las opciones, ya que el
gremio se plantó en el 15% de aumento si
o sí, cerrando las puertas a cualquier otra alternativa, al menos hasta ahora. Por
otro, un ejecutivo municipal cuyo presupuesto se destina casi exclusivamente a
pagar salarios, y que ha demostrado que no encontró ninguna vía para enfrentar la
suba salarial a la cual se había comprometido, aclarando que ese aumento estaba
atado a una mejora de la recaudación.
Ambas posturas parecen irreconciliables, toda vez que no hay
una mejora en los ingresos comunales ni la habrá si el Municipio sigue paralizado
como hasta ahora, situación en la que ya perdió la recaudación completa de un
trimestre.
Tampoco dieron resultado las gestiones de Cantín ante el
gobierno provincial de Daniel Peralta, quién lo escuchó pero le repitió lo mismo
de hace dos meses: la provincia no puede dar más del 26,5% que ya le dio, y que
es la pauta general. Además, si asistiera a Río Gallegos con los nueve millones
extra que necesita, entonces debería prepararse para las exigencias que vendrán
del resto de los Municipios santacruceños, cuyos sindicatos locales entenderían
que plata hay.
Con el cambio de los tiempos, las acciones toman otro ritmo.
Ante la posibilidad que el conflicto se profundice por la amenaza de
descuentos, es probable que intervenga el Ministerio de Trabajo de la Nación
para dictar ahora sí la conciliación obligatoria, que fue pedida hace varias
semanas por la intendencia.
De hacerlo, la situación se retrotraería al día previo al
inicio del conflicto, y se abriría una instancia de negociación bajo la órbita
del ministerio nacional. Esa decisión le daría tiempo a Cantín para tratar de
lograr algún acuerdo con los municipales. La pregunta es si podrá conseguir en
algún lado una fuente de financiamiento que le permita sostener en el tiempo el
aumento comprometido. Sin financiamiento no hay aumento, tan simple como eso.
En caso contrario, si Trabajo no interviene, los tiempos se
acelerarán aún más, ya que la única opción hacia adelante es el recrudecimiento
del conflicto y con ello, un aumento de la tensión social y el agotamiento de
la paciencia de todos los sectores. La intervención nacional le daría tiempo
extra a una gestión sin recursos pero si no sucede, no le quedarán muchas
opciones a un intendente que comprometió lo que no tenía.
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