Intentaron volar un colegio en Pico TruncadoEl sábado 21 de junio se cruzó un límite inaceptable en la provincia. La Escuela Provincial N.º 45 de Pico Truncado fue víctima de un hecho tan grave como estremecedor: una cocina industrial fue hallada con todas sus hornallas abiertas, liberando gas durante horas dentro del edificio escolar. No fue una falla, no fue un error. Fue un acto deliberado de sabotaje.
El sistema de seguridad de la empresa RAMS dio la alerta cerca de las 10 de la mañana. Al llegar, el personal constató que no había signos de ingreso forzado ni robos. Solo el olor penetrante del gas, y una advertencia implícita pero brutal: "Esto es lo que somos capaces de hacer".
La tragedia no ocurrió de milagro. Si alguien hubiera ingresado sin saber lo que pasaba, el encendido de una luz o una chispa hubiera bastado para provocar una explosión con consecuencias fatales.
Las autoridades lo dijeron con todas las letras: "Esto no es una protesta ni una consigna sindical. Es terrorismo doméstico. Un acto criminal que puso en riesgo la vida de niñas, niños, docentes y personal escolar.
La directora regional de Educación Zona Norte, María Mercedes Barrionuevo, fue contundente: "Esto no puede quedar impune". Y la comunidad educativa, conmocionada, exige lo mismo: justicia.
En medio del proceso de reconstrucción del sistema educativo provincial, con obras, equipos nuevos y presencia estatal, este ataque aparece como un intento de sembrar miedo, caos y muerte. La respuesta, sin embargo, debe ser firme y sin ambigüedades.
Porque el gas no es una herramienta de reclamo. Es un arma cuando se usa así. Y quien convierte una escuela en una bomba de tiempo no está manifestando: está atentando.
La educación no se sabotea. La vida no se amenaza. Y el límite ya fue cruzado.
Santa Cruz no va a retroceder. Y frente a quienes eligen el miedo, la provincia responde con una sola palabra: justicia. (La Prensa de Santa Cruz)
El sistema de seguridad de la empresa RAMS dio la alerta cerca de las 10 de la mañana. Al llegar, el personal constató que no había signos de ingreso forzado ni robos. Solo el olor penetrante del gas, y una advertencia implícita pero brutal: "Esto es lo que somos capaces de hacer".
La tragedia no ocurrió de milagro. Si alguien hubiera ingresado sin saber lo que pasaba, el encendido de una luz o una chispa hubiera bastado para provocar una explosión con consecuencias fatales.
Las autoridades lo dijeron con todas las letras: "Esto no es una protesta ni una consigna sindical. Es terrorismo doméstico. Un acto criminal que puso en riesgo la vida de niñas, niños, docentes y personal escolar.
La directora regional de Educación Zona Norte, María Mercedes Barrionuevo, fue contundente: "Esto no puede quedar impune". Y la comunidad educativa, conmocionada, exige lo mismo: justicia.
En medio del proceso de reconstrucción del sistema educativo provincial, con obras, equipos nuevos y presencia estatal, este ataque aparece como un intento de sembrar miedo, caos y muerte. La respuesta, sin embargo, debe ser firme y sin ambigüedades.
Porque el gas no es una herramienta de reclamo. Es un arma cuando se usa así. Y quien convierte una escuela en una bomba de tiempo no está manifestando: está atentando.
La educación no se sabotea. La vida no se amenaza. Y el límite ya fue cruzado. Santa Cruz no va a retroceder. Y frente a quienes eligen el miedo, la provincia responde con una sola palabra: justicia. (La Prensa de Santa Cruz)
