Instituto del Chubut quiere saber para que usa tanta agua Pan American Energy

La provincia de Chubut cuenta con un plexo normativo vinculado a los recursos hídricos, nucleado en el Código de Agua, un marco que determina desde la priorización entre ocho tipos de uso del recurso definidos -en el que el consumo humano es obviamente el de supremacía-, hasta las cuestiones vinculadas a concesiones, permisos de uso y registros e incluso trazado de acueductos y servidumbres. 

La autoridad de aplicación de este código es el Instituto Provincial del Agua (IPA), que es de quien depende la autorización a las cooperativas de la provincia a captar y distribuir el recurso hídrico a través del otorgamiento de permisos de usuarios. 

En este contexto Pablo Rimoldi, titular del IPA confirmó ayer que el organismo nunca fue notificado de la existencia de un convenio entre la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia y la operadora petrolera Pan American Energy (PAE), mediante el que se garantiza a esta última la provisión diaria de hasta 2.000 m3 de agua potable -dos millones de litros- , por los que además la cooperativa se compromete a “no interrumpir la prestación por ningún motivo o circunstancia”. “Nos enteramos por la nota de Diario Patagónico” confirmó Rimoldi en relación al polémico acuerdo, e informó que ayer mismo se cursó una notificación a la SCPL por la que debe explicar si existe tal convenio, informar en qué términos se ha suscripto y cuál es el destino del agua.

Agua para la gente

“Técnicamente, la SCPL está tramitando el permiso para abastecimiento de uso doméstico, si en algún caso este agua se utilizara para uso industrial tendría que haberlo solicitado así, y estaría en infracción”, indicó Rimoldi. 

Sucede que como ya se dijo, el IPA es quien concede los permisos de uso sobre la base del mencionado código de aguas, en el que el consumo humano tiene prioridad uno en un rango de ocho, seguido de los usos agrícola y pecuario mientras que el industrial ocupa el cuarto lugar, y quinto el minero. De allí la especificidad del destino del recurso a la hora de tramitar la autorización.

“La SCPL tendrá que aclararnos esas cosas. Para nosotros, la entidad es un gran usuario de agua que toma del lago Musters y lo distribuye para consumo de la población en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y en Santa Cruz, Caleta Olivia. Es de nuestra incumbencia saber si la está usando para lo que la pidió o hay otros usos, y como PAE es una operadora petrolera queremos saber justamente para qué es. Si queda aclarado que es únicamente para uso humano y nos cierra el número -en relación a los 2.000 metros cúbicos- no habría infracción desde la óptica del código de aguas”, especificó.

"Discriminatorio"

De confirmarse que el suministro “garantizado” por convenio tiene el destino de consumo doméstico, no habría infracción como se indicó, dado que la operadora se convertiría sólo en un usuario más de la SCPL aunque Rimoldi detalló que el eje que preocupa es la mencionada cláusula que garantiza a la operadora la prestación “ininterrumpidamente” y por “ningún motivo o circunstancia”, que resulta discriminatorio cuando rige corte de agua a las poblaciones. “La SCPL tendrá que explicar por qué aplica ese criterio”, puntualizó Rimoldi.

“Si se está hablando del mismo uso, que es el consumo humano -más allá de que en este caso lo compre una empresa para un campamento- estamos en igualdad de condiciones con las ciudades; si se corta el suministro en las ciudades y en el campamento aparentemente no, es un tema que la SCPL deberá explicitar, porque es discriminación”, resumió.

SCPL no tiene permiso 

Como usuario, la SCPL debería estar inscripta en el registro del IPA, aunque desde hace más de un año que la entidad tiene su autorización de uso demorada en el Ministerio de Ambiente de la provincia. “Nosotros los intimamos hace ya más de un año a que regularicen sus permisos, ellos nos presentaron toda la información y técnicamente no salió el permiso aún. Nosotros mandamos eso al Ministerio de Ambiente para que se expida y no sabemos por qué causa se ha demorado más de un año”, indicó Rimoldi. (Fuente: El patagónico)