Denuncian vaciamiento democrático en el gremio judicial y apuntan a Franco Mascheroni por el giro político de la conducciónEl gremio judicial de Santa Cruz atraviesa un escenario de tensión interna, pérdida de representatividad y cuestionamientos crecientes a su conducción, encabezada por el actual Secretario General Franco Mascheroni, a quien distintos sectores acusan de haber abandonado la independencia sindical y los lineamientos históricos de la organización.
La ex Secretaria General María Alejandra Beroiz hizo público un fuerte pronunciamiento en el que advirtió que el sindicato "ya no expresa la voluntad de las bases" y que las decisiones centrales se toman sin debate, sin transparencia y en sintonía con intereses políticos externos al gremio.
Uno de los puntos más críticos señalados es la postura adoptada por Mascheroni respecto a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia. Según Beroiz, mientras la Comisión Directiva rechazó institucionalmente esa medida, el Secretario General se manifestó públicamente a favor, generando una fractura interna y un quiebre de coherencia con la posición histórica del sindicato, que siempre se opuso a la concentración de poder en el TSJ.
"La ampliación nunca fue una salida para democratizar la Justicia. Nuestra lucha siempre fue por mecanismos de selección abiertos, democráticos y transparentes. Cambiar ese eje es renunciar a décadas de construcción gremial", expresó.
En ese contexto, Beroiz también desmintió versiones internas que intentan responsabilizarla por la autoría de la ley de ampliación del TSJ, calificándolas como una maniobra destinada a confundir a los afiliados y desviar responsabilidades.
El pronunciamiento expone además una serie de prácticas que profundizaron la crisis de confianza dentro del gremio: la falta de asambleas para debatir temas centrales, la ausencia de posicionamiento frente a denuncias de ingresos irregulares en el Poder Judicial, y la validación de procedimientos irregulares en instancias asamblearias, que afectan la legitimidad de las decisiones.
Otro punto que generó fuerte rechazo es la judicialización de los conflictos gremiales, a partir de denuncias penales impulsadas por la actual conducción contra trabajadores judiciales y ex dirigentes. Para Beroiz, esta estrategia "no busca justicia, sino disciplinamiento político", y marca un retroceso grave en la vida democrática del sindicato.
Finalmente, la ex dirigente advirtió que el creciente número de desafiliaciones refleja el malestar de las bases y llamó a los trabajadores judiciales a exigir el respeto del estatuto, recuperar el debate interno y defender la autonomía gremial, como condición indispensable para volver a representar genuinamente a los afiliados.
La ex Secretaria General María Alejandra Beroiz hizo público un fuerte pronunciamiento en el que advirtió que el sindicato "ya no expresa la voluntad de las bases" y que las decisiones centrales se toman sin debate, sin transparencia y en sintonía con intereses políticos externos al gremio.
Uno de los puntos más críticos señalados es la postura adoptada por Mascheroni respecto a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia. Según Beroiz, mientras la Comisión Directiva rechazó institucionalmente esa medida, el Secretario General se manifestó públicamente a favor, generando una fractura interna y un quiebre de coherencia con la posición histórica del sindicato, que siempre se opuso a la concentración de poder en el TSJ.
"La ampliación nunca fue una salida para democratizar la Justicia. Nuestra lucha siempre fue por mecanismos de selección abiertos, democráticos y transparentes. Cambiar ese eje es renunciar a décadas de construcción gremial", expresó.
En ese contexto, Beroiz también desmintió versiones internas que intentan responsabilizarla por la autoría de la ley de ampliación del TSJ, calificándolas como una maniobra destinada a confundir a los afiliados y desviar responsabilidades.
El pronunciamiento expone además una serie de prácticas que profundizaron la crisis de confianza dentro del gremio: la falta de asambleas para debatir temas centrales, la ausencia de posicionamiento frente a denuncias de ingresos irregulares en el Poder Judicial, y la validación de procedimientos irregulares en instancias asamblearias, que afectan la legitimidad de las decisiones.
Otro punto que generó fuerte rechazo es la judicialización de los conflictos gremiales, a partir de denuncias penales impulsadas por la actual conducción contra trabajadores judiciales y ex dirigentes. Para Beroiz, esta estrategia "no busca justicia, sino disciplinamiento político", y marca un retroceso grave en la vida democrática del sindicato.
Finalmente, la ex dirigente advirtió que el creciente número de desafiliaciones refleja el malestar de las bases y llamó a los trabajadores judiciales a exigir el respeto del estatuto, recuperar el debate interno y defender la autonomía gremial, como condición indispensable para volver a representar genuinamente a los afiliados.
