Amplio repudio de concejales de toda Santa Cruz al aumento salarial del Tribunal Superior de JusticiaLa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de autoasignarse aumentos salariales que llevan el ingreso de uno de sus vocales a $24.000.000 mensuales generó un amplio y contundente repudio por parte de concejales y autoridades legislativas municipales de distintas localidades de la provincia, quienes coincidieron en calificar la medida como injustificada, inoportuna y completamente desconectada de la realidad social y económica que atraviesa Santa Cruz.
Desde Río Gallegos, la concejal Giuliana Tobares sostuvo que se trata de una decisión tomada de espaldas a la ciudadanía y por personas completamente ajenas a la realidad social y económica que viven nuestras ciudades, la provincia y el país. En ese sentido, remarcó que para avanzar hacia un verdadero cambio institucional en Santa Cruz se necesita del compromiso del conjunto de la sociedad y de poner límites firmes a decisiones que profundizan la distancia entre el poder y la gente. Asimismo, afirmó que hoy más que nunca dar el ejemplo importa y que las diferencias deben discutirse cuidando Santa Cruz y respetando a las familias que aún esperan justicia.
Desde Caleta Olivia, el presidente del Concejo Deliberante Facundo Velarde advirtió que mientras miles de familias ajustan hasta el último peso para llegar a fin de mes, el Superior Tribunal de Justicia decide garantizarse sueldos millonarios. Señaló que, en un contexto de crisis profunda y con un municipio que realiza esfuerzos extraordinarios para pagar salarios y sostener servicios esenciales, este tipo de decisiones resultan una burla hacia la comunidad que vive la crisis en carne propia. En esa línea, coincidió con el gobernador Claudio Vidal al expresar que no hay futuro con privilegios blindados.
Por su parte, el concejal de Pico Truncado Marcos Flores manifestó su rechazo absoluto y su profundo desacuerdo con los aumentos salariales otorgados por el máximo órgano judicial. Consideró que se trata de una medida injustificada y carente de sensibilidad institucional, que debilita la confianza de la sociedad en las instituciones. Señaló que no se puede hablar de equidad, responsabilidad ni compromiso público cuando quienes deben garantizar justicia adoptan resoluciones que los benefician directamente, sin debate, sin transparencia y sin rendición de cuentas, y ratificó que no acompaña ni avala esta decisión.
Desde Gobernador Gregores, la concejal Adriana Soto señaló que la ciudadanía no evalúa a la Justicia por discursos ni comunicados, sino por hechos concretos. Mencionó causas que no se resuelven, expedientes que permanecen paralizados durante años y conflictos que siguen sin respuestas. En ese marco, calificó como una verdadera vergüenza que, mientras la provincia atraviesa una crisis económica real y las familias enfrentan serias dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentos, alquiler, medicación y servicios, un sector del Poder Judicial decida blindar sus ingresos y garantizarse aumentos automáticos.
A estas expresiones se sumó la concejal Vanesa Posse, quien cuestionó el rol de una Justicia viciada y sin transparencia durante los años de la corrupción kirchnerista y remarcó que hoy, sin autocrítica ni explicaciones a la sociedad, la cúpula judicial vuelve a darle la espalda a los santacruceños al autorizarse aumentos salariales millonarios.
Las distintas voces coincidieron en un mensaje claro y transversal. No puede haber sacrificio para la mayoría y beneficios de lujo para unos pocos. Santa Cruz necesita instituciones responsables, austeras y sensibles al momento histórico que atraviesa la provincia, alineadas con las verdaderas prioridades de la sociedad.
Desde Río Gallegos, la concejal Giuliana Tobares sostuvo que se trata de una decisión tomada de espaldas a la ciudadanía y por personas completamente ajenas a la realidad social y económica que viven nuestras ciudades, la provincia y el país. En ese sentido, remarcó que para avanzar hacia un verdadero cambio institucional en Santa Cruz se necesita del compromiso del conjunto de la sociedad y de poner límites firmes a decisiones que profundizan la distancia entre el poder y la gente. Asimismo, afirmó que hoy más que nunca dar el ejemplo importa y que las diferencias deben discutirse cuidando Santa Cruz y respetando a las familias que aún esperan justicia.
Desde Caleta Olivia, el presidente del Concejo Deliberante Facundo Velarde advirtió que mientras miles de familias ajustan hasta el último peso para llegar a fin de mes, el Superior Tribunal de Justicia decide garantizarse sueldos millonarios. Señaló que, en un contexto de crisis profunda y con un municipio que realiza esfuerzos extraordinarios para pagar salarios y sostener servicios esenciales, este tipo de decisiones resultan una burla hacia la comunidad que vive la crisis en carne propia. En esa línea, coincidió con el gobernador Claudio Vidal al expresar que no hay futuro con privilegios blindados.
Por su parte, el concejal de Pico Truncado Marcos Flores manifestó su rechazo absoluto y su profundo desacuerdo con los aumentos salariales otorgados por el máximo órgano judicial. Consideró que se trata de una medida injustificada y carente de sensibilidad institucional, que debilita la confianza de la sociedad en las instituciones. Señaló que no se puede hablar de equidad, responsabilidad ni compromiso público cuando quienes deben garantizar justicia adoptan resoluciones que los benefician directamente, sin debate, sin transparencia y sin rendición de cuentas, y ratificó que no acompaña ni avala esta decisión.
Desde Gobernador Gregores, la concejal Adriana Soto señaló que la ciudadanía no evalúa a la Justicia por discursos ni comunicados, sino por hechos concretos. Mencionó causas que no se resuelven, expedientes que permanecen paralizados durante años y conflictos que siguen sin respuestas. En ese marco, calificó como una verdadera vergüenza que, mientras la provincia atraviesa una crisis económica real y las familias enfrentan serias dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentos, alquiler, medicación y servicios, un sector del Poder Judicial decida blindar sus ingresos y garantizarse aumentos automáticos.
A estas expresiones se sumó la concejal Vanesa Posse, quien cuestionó el rol de una Justicia viciada y sin transparencia durante los años de la corrupción kirchnerista y remarcó que hoy, sin autocrítica ni explicaciones a la sociedad, la cúpula judicial vuelve a darle la espalda a los santacruceños al autorizarse aumentos salariales millonarios.
Las distintas voces coincidieron en un mensaje claro y transversal. No puede haber sacrificio para la mayoría y beneficios de lujo para unos pocos. Santa Cruz necesita instituciones responsables, austeras y sensibles al momento histórico que atraviesa la provincia, alineadas con las verdaderas prioridades de la sociedad.
