El Gobernador Vidal cargó contra los vocales de la Justicia por el aumento que se dieron ellos mismos, de $24.000.000
El mandatario criticó duramente al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz tras conocerse el monto de $24.000.000, cifra que -según denunció- corresponde a lo que se autoasignan sus integrantes.
A través de un posteo en redes sociales, Vidal calificó la situación como "un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad santacruceña", y apuntó directamente contra el máximo órgano judicial de la provincia. En ese sentido, sostuvo que se trata de "30 años cómplices del saqueo", y acusó a la Justicia de haberse "atrincherado en privilegios".
"Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro", afirmó Vidal, remarcando que este tipo de decisiones profundizan el descrédito institucional y la distancia entre el Poder Judicial y la ciudadanía.
Las declaraciones se dan en un contexto de creciente malestar social por los altos salarios de funcionarios judiciales, en contraste con la situación económica que atraviesa la provincia y los reclamos de distintos sectores por mejoras salariales y mayor equidad.
13 Ene 2026La Esc. y Abog. Daniela D'Amico, edil UCR, quien por estos días y en ausencia del intendente Pablo Grasso se encuentra al frente del Municipio de Río Gallegos, firmó un decreto estableciendo un plan especial de regularización de multas municipales, el cual, entre sus principales alcances y beneficios, establece la quita del 50% del monto de la multa y el 100% de los intereses.
13 Ene 2026Se realizó con la firma de los jueces: René Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. Mientras Santa Cruz atraviesa una de las etapas económicas más complejas de los últimos años, con municipios en emergencia, salarios estatales que no alcanzan y miles de familias ajustando gastos básicos, la llamada "justicia K" vuelve a quedar en el centro de la polémica por decisiones que profundizan la desigualdad y erosionan la confianza pública.
12 Ene 2026Según detalló, la decisión respondió exclusivamente a razones económicas, vinculadas a la falta de rentabilidad de los yacimientos maduros y a la necesidad de priorizar inversiones sostenibles para una empresa de esas características.
