Vocales del TSJ se aumentaron su sueldo y de $14 pasarán a cobrar $24 millonesSe realizó con la firma de los jueces: René Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. Mientras Santa Cruz atraviesa una de las etapas económicas más complejas de los últimos años, con municipios en emergencia, salarios estatales que no alcanzan y miles de familias ajustando gastos básicos, la llamada "justicia K" vuelve a quedar en el centro de la polémica por decisiones que profundizan la desigualdad y erosionan la confianza pública.
El Tribunal Superior de Justicia resolvió otorgarse aumentos salariales por encima de la inflación, con incrementos acumulativos a lo largo de 2026 que llevarán los haberes de sus integrantes a cifras récord. Según los datos conocidos, los aumentos superan los 7 millones de pesos por vocal, consolidando sueldos que no tienen correlato con la realidad social y económica de la provincia.
El dato más impactante es la comparación social. Un solo vocal del Tribunal Superior de Justicia cobrará más de $24.000.000 mensuales, lo que equivale a 72 salarios mínimos nacionales. Esta cifra no solo resulta obscena frente al ingreso promedio de un trabajador, sino que desnuda una brecha cada vez más profunda entre la cúpula del Poder Judicial y la sociedad a la que debe servir.
La desproporción se vuelve aún más evidente cuando se la compara con el territorio. La Comisión de Fomento de Koluel Kaike recibe $19.500.000 por mes para sostener el funcionamiento completo de la localidad. En términos concretos, un solo funcionario judicial percibirá más recursos que un pueblo entero, que debe cubrir con ese monto salarios, servicios, mantenimiento, asistencia social y funcionamiento del Estado local.
Mientras tanto, docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y empleados municipales discuten paritarias ajustadas y muchas veces por debajo de la inflación, y los empleados judiciales quedaron excluidos de estos aumentos, pese a ser quienes sostienen diariamente el funcionamiento del sistema. La justicia se aumenta a sí misma, pero no mira hacia abajo.
El problema ya no es técnico ni presupuestario. Es político, ético e institucional. La "justicia K", que durante años funcionó como un poder cerrado, corporativo y sin control social, vuelve a mostrar un esquema de privilegios desconectado de la realidad, en una provincia que necesita responsabilidad, austeridad y coherencia.
La Justicia debe ser independiente, pero también ejemplar. Cuando quienes deben garantizar igualdad ante la ley se colocan en una situación de privilegio extremo, la legitimidad se resiente y la confianza pública se quiebra. En Santa Cruz, el mensaje es claro y preocupante: ajuste para la gente, privilegios para la justicia K.
El Tribunal Superior de Justicia resolvió otorgarse aumentos salariales por encima de la inflación, con incrementos acumulativos a lo largo de 2026 que llevarán los haberes de sus integrantes a cifras récord. Según los datos conocidos, los aumentos superan los 7 millones de pesos por vocal, consolidando sueldos que no tienen correlato con la realidad social y económica de la provincia.
El dato más impactante es la comparación social. Un solo vocal del Tribunal Superior de Justicia cobrará más de $24.000.000 mensuales, lo que equivale a 72 salarios mínimos nacionales. Esta cifra no solo resulta obscena frente al ingreso promedio de un trabajador, sino que desnuda una brecha cada vez más profunda entre la cúpula del Poder Judicial y la sociedad a la que debe servir.
La desproporción se vuelve aún más evidente cuando se la compara con el territorio. La Comisión de Fomento de Koluel Kaike recibe $19.500.000 por mes para sostener el funcionamiento completo de la localidad. En términos concretos, un solo funcionario judicial percibirá más recursos que un pueblo entero, que debe cubrir con ese monto salarios, servicios, mantenimiento, asistencia social y funcionamiento del Estado local.
Mientras tanto, docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y empleados municipales discuten paritarias ajustadas y muchas veces por debajo de la inflación, y los empleados judiciales quedaron excluidos de estos aumentos, pese a ser quienes sostienen diariamente el funcionamiento del sistema. La justicia se aumenta a sí misma, pero no mira hacia abajo.
El problema ya no es técnico ni presupuestario. Es político, ético e institucional. La "justicia K", que durante años funcionó como un poder cerrado, corporativo y sin control social, vuelve a mostrar un esquema de privilegios desconectado de la realidad, en una provincia que necesita responsabilidad, austeridad y coherencia.
La Justicia debe ser independiente, pero también ejemplar. Cuando quienes deben garantizar igualdad ante la ley se colocan en una situación de privilegio extremo, la legitimidad se resiente y la confianza pública se quiebra. En Santa Cruz, el mensaje es claro y preocupante: ajuste para la gente, privilegios para la justicia K.
