Cerro Negro: empresarios cuestionan las adjudicaciones y reclaman que el trabajo quede en manos santacruceñasEmpresas y referentes del sector productivo expresaron su malestar por contratos vinculados al yacimiento de Newmont y advirtieron que no alcanza con tener un domicilio declarado en Santa Cruz para ser considerada una firma local. Reclaman priorizar a compañías con inversión, estructura, empleo y verdadero arraigo en la provincia.
Empresarios y representantes del sector productivo de Santa Cruz volvieron a poner bajo la lupa las contrataciones vinculadas con la actividad de la minera Newmont en el yacimiento Cerro Negro. El planteo apunta especialmente a los criterios utilizados para definir qué empresas son consideradas "locales" al momento de adjudicar obras y servicios.
La discusión tomó fuerza luego de que Newmont comunicara a la Cámara de Proveedores y Prestadores de Servicios Mineros (CAPPEMA) la adjudicación del contrato principal de un nuevo desarrollo a Andemira S.A., firma que la compañía presentó como una empresa con presencia local.
El anuncio generó cuestionamientos entre empresarios santacruceños, que ponen en duda que la sola existencia de un domicilio constituido en la provincia sea suficiente para encuadrar a una compañía como local.
Desde el sector sostienen que debería existir una definición mucho más amplia y objetiva, que contemple el origen de la empresa, sus bases operativas, las inversiones realizadas en Santa Cruz, la cantidad de trabajadores santacruceños que emplea y el nivel de actividad que efectivamente desarrolla dentro del territorio provincial.
Uno de los principales reclamos apunta precisamente a evitar que una empresa pueda ser considerada local únicamente por contar con una dirección legal o fiscal en Santa Cruz.
Para los empresarios, una firma verdaderamente santacruceña debería demostrar un arraigo concreto: tener estructura operativa en la provincia, generar empleo, invertir, contratar proveedores locales y sostener una actividad económica permanente.
Detrás de cada adjudicación existe mucho más que un contrato comercial: hay maquinaria, inversiones, trabajadores y puestos de empleo que dependen de que las empresas provinciales puedan acceder a esas oportunidades.
Por eso, advierten que cuando una firma santacruceña queda fuera de una contratación de magnitud, el impacto no se limita al empresario. También puede traducirse en menos empleo, menor movimiento económico y menor capacidad de inversión para las compañías que históricamente desarrollaron su actividad en la provincia.
El reclamo empresario también pone el foco en el contenido del comunicado difundido por Newmont.
La compañía minera manifestó su intención de fortalecer la cadena de valor local y el desarrollo sostenido de las empresas santacruceñas. Incluso destacó el proceso de profesionalización de proveedores, las inversiones en equipamiento, la generación de empleo y el conocimiento del territorio que poseen las compañías de la provincia.
Precisamente por eso, los empresarios consideran necesario que esos principios se traduzcan en criterios concretos de contratación.
El planteo es que no debería existir una contradicción entre el discurso de fortalecimiento de la cadena de valor santacruceña y adjudicaciones que, según cuestionan, podrían beneficiar a empresas que cuentan con presencia formal en Santa Cruz pero cuyo origen, estructura principal o centro de operaciones se encuentra fuera de la provincia.
Según sostienen referentes del sector, el caso de la adjudicación recientemente comunicada no sería aislado. Afirman que existirían otras compañías que poseen domicilios declarados en Santa Cruz, pero que no habrían nacido en la provincia ni tendrían aquí su estructura empresarial principal.
Por eso, el reclamo apunta a establecer reglas claras y verificables para determinar quién puede ser considerado proveedor local.
Entre los parámetros que proponen aparecen la generación efectiva de empleo santacruceño, las inversiones realizadas, la permanencia territorial, la infraestructura propia, el desarrollo de proveedores locales y la actividad económica real dentro de la provincia.
Los empresarios esperan que la situación pueda ser discutida con las autoridades provinciales, las cámaras del sector y la propia Newmont, con el objetivo de evitar que el crecimiento de la actividad minera termine generando beneficios comerciales que no se traduzcan proporcionalmente en trabajo y desarrollo para Santa Cruz.
El planteo, en definitiva, es directo: si la minería utiliza recursos y genera actividad económica en Santa Cruz, las empresas y los trabajadores santacruceños deberían tener una prioridad real -y no solamente declarativa- en las oportunidades que genera esa actividad. (Fuente: La Otra Gestión)
Empresarios y representantes del sector productivo de Santa Cruz volvieron a poner bajo la lupa las contrataciones vinculadas con la actividad de la minera Newmont en el yacimiento Cerro Negro. El planteo apunta especialmente a los criterios utilizados para definir qué empresas son consideradas "locales" al momento de adjudicar obras y servicios.
La discusión tomó fuerza luego de que Newmont comunicara a la Cámara de Proveedores y Prestadores de Servicios Mineros (CAPPEMA) la adjudicación del contrato principal de un nuevo desarrollo a Andemira S.A., firma que la compañía presentó como una empresa con presencia local.
El anuncio generó cuestionamientos entre empresarios santacruceños, que ponen en duda que la sola existencia de un domicilio constituido en la provincia sea suficiente para encuadrar a una compañía como local.
Desde el sector sostienen que debería existir una definición mucho más amplia y objetiva, que contemple el origen de la empresa, sus bases operativas, las inversiones realizadas en Santa Cruz, la cantidad de trabajadores santacruceños que emplea y el nivel de actividad que efectivamente desarrolla dentro del territorio provincial.
Uno de los principales reclamos apunta precisamente a evitar que una empresa pueda ser considerada local únicamente por contar con una dirección legal o fiscal en Santa Cruz. Para los empresarios, una firma verdaderamente santacruceña debería demostrar un arraigo concreto: tener estructura operativa en la provincia, generar empleo, invertir, contratar proveedores locales y sostener una actividad económica permanente.
Detrás de cada adjudicación existe mucho más que un contrato comercial: hay maquinaria, inversiones, trabajadores y puestos de empleo que dependen de que las empresas provinciales puedan acceder a esas oportunidades.
Por eso, advierten que cuando una firma santacruceña queda fuera de una contratación de magnitud, el impacto no se limita al empresario. También puede traducirse en menos empleo, menor movimiento económico y menor capacidad de inversión para las compañías que históricamente desarrollaron su actividad en la provincia.
El reclamo empresario también pone el foco en el contenido del comunicado difundido por Newmont.
La compañía minera manifestó su intención de fortalecer la cadena de valor local y el desarrollo sostenido de las empresas santacruceñas. Incluso destacó el proceso de profesionalización de proveedores, las inversiones en equipamiento, la generación de empleo y el conocimiento del territorio que poseen las compañías de la provincia.
Precisamente por eso, los empresarios consideran necesario que esos principios se traduzcan en criterios concretos de contratación.
El planteo es que no debería existir una contradicción entre el discurso de fortalecimiento de la cadena de valor santacruceña y adjudicaciones que, según cuestionan, podrían beneficiar a empresas que cuentan con presencia formal en Santa Cruz pero cuyo origen, estructura principal o centro de operaciones se encuentra fuera de la provincia.
Según sostienen referentes del sector, el caso de la adjudicación recientemente comunicada no sería aislado. Afirman que existirían otras compañías que poseen domicilios declarados en Santa Cruz, pero que no habrían nacido en la provincia ni tendrían aquí su estructura empresarial principal.
Por eso, el reclamo apunta a establecer reglas claras y verificables para determinar quién puede ser considerado proveedor local.
Entre los parámetros que proponen aparecen la generación efectiva de empleo santacruceño, las inversiones realizadas, la permanencia territorial, la infraestructura propia, el desarrollo de proveedores locales y la actividad económica real dentro de la provincia.
Los empresarios esperan que la situación pueda ser discutida con las autoridades provinciales, las cámaras del sector y la propia Newmont, con el objetivo de evitar que el crecimiento de la actividad minera termine generando beneficios comerciales que no se traduzcan proporcionalmente en trabajo y desarrollo para Santa Cruz.
El planteo, en definitiva, es directo: si la minería utiliza recursos y genera actividad económica en Santa Cruz, las empresas y los trabajadores santacruceños deberían tener una prioridad real -y no solamente declarativa- en las oportunidades que genera esa actividad. (Fuente: La Otra Gestión)
