El colmo de la vergüenza: diputados kirchneristas repudian un fallo que solo ordena cumplir la leyEl bloque de diputados de Unión por la Patria salió a repudiar la decisión del Tribunal Superior de Justicia que revocó la medida cautelar contra el artículo 22 de la ley que regula el pago de los aportes previsionales de los municipios a la Caja de Previsión Social.
En un comunicado, los legisladores hablaron de una supuesta "vendetta política", aseguraron que el fallo afecta la autonomía municipal y advirtieron sobre consecuencias para el funcionamiento de las comunas. Sin embargo, el contenido de la resolución judicial es concreto: deja sin efecto una cautelar y restablece la plena vigencia de una ley aprobada por la Legislatura Provincial.
Es decir, la Justicia no creó una obligación nueva, no modificó la norma ni impuso condiciones distintas a las existentes. Simplemente resolvió que una ley vigente vuelva a aplicarse mientras continúa el debate judicial sobre el fondo de la cuestión.
La reacción del bloque kirchnerista vuelve a poner en el centro de la escena una discusión de fondo: si las leyes deben cumplirse siempre o solamente cuando benefician a un determinado sector político.
Los aportes previsionales que deben realizar los municipios no son recursos discrecionales. Se trata de fondos destinados al sistema jubilatorio de los trabajadores. Cuando esos aportes no ingresan a la Caja de Previsión Social, el déficit termina siendo cubierto con recursos provinciales que podrían destinarse a salud, educación, seguridad, obras públicas u otros servicios esenciales.
Por eso, distintos sectores sostienen que el fallo no representa un ataque contra la autonomía municipal, sino la aplicación de un principio elemental del Estado de Derecho: ninguna persona, municipio o espacio político está por encima de la ley.
Con su comunicado, el bloque de Unión por la Patria no cuestionó una nueva norma ni una reforma legislativa. Cuestionó una resolución judicial cuyo efecto es exigir el cumplimiento de una ley que continúa plenamente vigente.
En una provincia que durante años convivió con fuertes cuestionamientos sobre la utilización política de la Justicia, la decisión del Tribunal Superior marca un cambio de criterio institucional. El debate político podrá continuar, pero mientras la ley esté vigente, corresponde cumplirla.
En un comunicado, los legisladores hablaron de una supuesta "vendetta política", aseguraron que el fallo afecta la autonomía municipal y advirtieron sobre consecuencias para el funcionamiento de las comunas. Sin embargo, el contenido de la resolución judicial es concreto: deja sin efecto una cautelar y restablece la plena vigencia de una ley aprobada por la Legislatura Provincial.
Es decir, la Justicia no creó una obligación nueva, no modificó la norma ni impuso condiciones distintas a las existentes. Simplemente resolvió que una ley vigente vuelva a aplicarse mientras continúa el debate judicial sobre el fondo de la cuestión.
La reacción del bloque kirchnerista vuelve a poner en el centro de la escena una discusión de fondo: si las leyes deben cumplirse siempre o solamente cuando benefician a un determinado sector político.
Los aportes previsionales que deben realizar los municipios no son recursos discrecionales. Se trata de fondos destinados al sistema jubilatorio de los trabajadores. Cuando esos aportes no ingresan a la Caja de Previsión Social, el déficit termina siendo cubierto con recursos provinciales que podrían destinarse a salud, educación, seguridad, obras públicas u otros servicios esenciales.
Por eso, distintos sectores sostienen que el fallo no representa un ataque contra la autonomía municipal, sino la aplicación de un principio elemental del Estado de Derecho: ninguna persona, municipio o espacio político está por encima de la ley.
Con su comunicado, el bloque de Unión por la Patria no cuestionó una nueva norma ni una reforma legislativa. Cuestionó una resolución judicial cuyo efecto es exigir el cumplimiento de una ley que continúa plenamente vigente.
En una provincia que durante años convivió con fuertes cuestionamientos sobre la utilización política de la Justicia, la decisión del Tribunal Superior marca un cambio de criterio institucional. El debate político podrá continuar, pero mientras la ley esté vigente, corresponde cumplirla.
