Abogados piden una urgente normalización del funcionamiento del Poder Judicial en Santa CruzEl Directorio del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz expresó su profunda preocupación institucional por la situación que atraviesa el Poder Judicial santacruceño, a partir de la sanción de la Ley Provincial N.º 3949, que amplió el número de vocales del Tribunal Superior de Justicia, la jura de cuatro nuevos integrantes y la posterior judicialización de la norma, que a más de cinco meses aún no cuenta con una resolución definitiva.
Desde la entidad señalaron que el escenario se ve agravado por un conflicto público respecto de la titularidad de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, con dos vocales que se consideran presidentes y actúan en consecuencia. Según el comunicado, esta controversia reviste una inequívoca gravedad institucional, ya que compromete la integración y conducción del máximo órgano judicial de la provincia y, con ello, la plena vigencia del Estado de Derecho.
El Directorio advirtió que la incertidumbre sobre la integración válida del Tribunal impacta directamente en la seguridad jurídica, la confianza de los justiciables y la eficacia de las decisiones jurisdiccionales. En particular, alertó que se encuentran en juego sentencias dictadas en materia penal, civil y contencioso-administrativa, cuya eventual impugnación por cuestionamientos a la integración del órgano decisor genera un escenario de inseguridad incompatible con el principio de tutela judicial efectiva.
Asimismo, el comunicado remarcó que esta situación afecta de manera directa el ejercicio profesional de la abogacía, ya que obliga a abogados y abogadas a litigar en un contexto de incertidumbre estructural que incide en las estrategias procesales, la estabilidad de las decisiones judiciales, la duración de los procesos y la previsibilidad del sistema jurídico.
En ese marco, el Colegio reafirmó el rol de la colegiación legal en defensa del interés público y exhortó a los tres poderes del Estado a ajustar su actuación a los límites establecidos por la Constitución Provincial y los principios republicanos y democráticos de gobierno, priorizando una solución institucional urgente que restablezca la certeza sobre la integración y el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia.
Finalmente, ante la existencia de recursos extraordinarios federales y una queja actualmente en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Directorio solicitó una pronta resolución por parte del máximo órgano judicial del país, en atención a la gravedad institucional del caso y a la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la regularidad del servicio de justicia.
El Colegio informó además que asumirá acciones institucionales para instar el cese del estado de incertidumbre descripto y que los matriculados podrán canalizar, a través de la Comisión de Administración de Justicia y Defensa del Ejercicio Profesional, las afectaciones concretas que esta situación genere en su desempeño profesional.
Desde la entidad señalaron que el escenario se ve agravado por un conflicto público respecto de la titularidad de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, con dos vocales que se consideran presidentes y actúan en consecuencia. Según el comunicado, esta controversia reviste una inequívoca gravedad institucional, ya que compromete la integración y conducción del máximo órgano judicial de la provincia y, con ello, la plena vigencia del Estado de Derecho.
El Directorio advirtió que la incertidumbre sobre la integración válida del Tribunal impacta directamente en la seguridad jurídica, la confianza de los justiciables y la eficacia de las decisiones jurisdiccionales. En particular, alertó que se encuentran en juego sentencias dictadas en materia penal, civil y contencioso-administrativa, cuya eventual impugnación por cuestionamientos a la integración del órgano decisor genera un escenario de inseguridad incompatible con el principio de tutela judicial efectiva.
Asimismo, el comunicado remarcó que esta situación afecta de manera directa el ejercicio profesional de la abogacía, ya que obliga a abogados y abogadas a litigar en un contexto de incertidumbre estructural que incide en las estrategias procesales, la estabilidad de las decisiones judiciales, la duración de los procesos y la previsibilidad del sistema jurídico.
En ese marco, el Colegio reafirmó el rol de la colegiación legal en defensa del interés público y exhortó a los tres poderes del Estado a ajustar su actuación a los límites establecidos por la Constitución Provincial y los principios republicanos y democráticos de gobierno, priorizando una solución institucional urgente que restablezca la certeza sobre la integración y el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia.
Finalmente, ante la existencia de recursos extraordinarios federales y una queja actualmente en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Directorio solicitó una pronta resolución por parte del máximo órgano judicial del país, en atención a la gravedad institucional del caso y a la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la regularidad del servicio de justicia.
El Colegio informó además que asumirá acciones institucionales para instar el cese del estado de incertidumbre descripto y que los matriculados podrán canalizar, a través de la Comisión de Administración de Justicia y Defensa del Ejercicio Profesional, las afectaciones concretas que esta situación genere en su desempeño profesional.
