Grasso declara la emergencia económica, pero derrocha en fiestas multimillonarias, botecitos, muñecos y viáticos

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, firmó el Decreto N° 6861, que declara la emergencia administrativa y económica en el Municipio hasta diciembre de 2026, con el argumento de "afrontar la caída de la recaudación y garantizar el equilibrio financiero".

El decreto establece el congelamiento de la planta de personal, la suspensión de nuevos ingresos y una revisión de la estructura orgánica para "optimizar recursos y mejorar la eficiencia en la gestión".

Sin embargo, la supuesta austeridad choca con una gestión marcada por el gasto en fiestas, decoraciones y compras polémicas. Mientras se habla de "emergencia", el Municipio organiza un festival multimillonario por el aniversario de la ciudad, realiza castings en el interior provincial para convocar artistas y destina fondos a muñecos decorativos y adornos callejeros.

A eso se suma la compra de botes para la Laguna Ortiz, una adquisición que generó fuertes críticas al conocerse su valor y su escasa prioridad frente al deterioro general de la ciudad.

Mientras tanto, Río Gallegos cuenta con casi 4.000 empleados municipales y alrededor de 1.000 monotributistas, muchos de los cuales cobran sueldos de indigencia y trabajan sin ropa ni herramientas. Pese a ese enorme plantel, la limpieza de calles y espacios públicos está en manos de militantes de las unidades básicas.

Solo cinco camiones recolectores están operativos para cubrir toda la capital provincial. El servicio de recolección no pasa todos los días, las cloacas están desbordadas, el vaciadero funciona a cielo abierto, y los vecinos conviven con montañas de basura.

En este contexto, la declaración de emergencia parece más un instrumento político que una medida real de contención económica. Mientras los servicios se desmoronan, los recursos se destinan al espectáculo y la propaganda, dejando a Río Gallegos sumida en el abandono.