Denuncian maniobra fraudulenta para instalar un delegado trucho en la UOCRA de Puerto DeseadoPresentaron documentación falsificada ante el Ministerio de Trabajo y la ARCA. Piden intervención de la Justicia Federal por posible falsificación de instrumentos públicos y estafa procesal.
Un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción de Puerto Deseado por el abogado Fabricio Carbone Miele expuso una maniobra de gravedad institucional que podría derivar en una causa penal por falsificación de documentos y fraude procesal.
Según se desprende del expediente, un grupo de personas habría intentado legitimar falsamente al dirigente Fabio Dante Cattani como delegado gremial de la UOCRA local mediante el uso de altas y bajas laborales apócrifas y afiliaciones sindicales truchas.
Falsas "altas" y "bajas" laborales
La documentación que acompañaron los allegados a Cattani afirmaba que él, junto a Rubén Sepúlveda y Gastón Palacios, trabajaban bajo las órdenes del empresario Martín Enrique Sandoval. Sin embargo, la ARCA (ex AFIP) respondió oficialmente que ninguno de los tres registraba relación laboral alguna con Sandoval en las fechas declaradas.
Las constancias que figuraban como emitidas por el organismo eran falsas o adulteradas, lo que abre la sospecha de una falsificación deliberada para montar una escena de legalidad sindical inexistente.
Presentaciones falsas ante el Ministerio de Trabajo
El propio Sandoval presentó, el 30 de julio de 2025 un escrito ante la delegación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz donde comunicaba la designación de Cattani como delegado gremial.
Adjuntó fichas de afiliación y "altas" laborales que hoy, según la respuesta oficial de la ARCA, carecen de validez y no figuran en ningún registro real.
Para la defensa de los acusados en la causa principal -donde Cattani figura como víctima- esto demuestra que todo fue parte de una "simulación gremial" premeditada, dirigida a obtener reconocimiento formal mediante documentación apócrifa.
Piden intervención fiscal provincial y federal
Ante estos elementos, Carbone Miele pidió que se dé vista urgente a los fiscales provincial y federal con asiento en Puerto Deseado, considerando que podrían haberse cometido delitos contra la fe pública (arts. 292, 293 y 296 del Código Penal) y una estafa procesal (art. 172).
El abogado sostuvo que las maniobras detectadas no solo buscan engañar al tribunal, sino también manipular la interna sindical en la construcción local para desplazar a otros referentes de la UOCRA.
La obra judicial, el escenario de la maniobra
El hecho toma mayor relevancia al conocerse que toda la documentación falsa refería a una obra financiada por el Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales "3 de Julio", en Puerto Deseado, donde Sandoval actuaba como contratista.
Según el escrito, la entidad no habría cumplido su obligación legal de verificar la registración laboral del personal en obra (Ley de Contrato de Trabajo, art. 30), lo que permitió que documentación trucha circulara sin ser detectada.
El trasfondo gremial
Para la defensa, lo ocurrido demuestra que el episodio del 11 de agosto -donde se produjo un enfrentamiento en una supuesta "manifestación pacífica"- fue en realidad la culminación de una interna gremial planificada y sostenida sobre papeles falsos, con el objetivo de apropiarse de la representación de la UOCRA en Puerto Deseado.
"Lo que se quiso mostrar como una protesta pacífica fue el desenlace de una maniobra armada, con documentos adulterados y avales falsos", sostiene el escrito presentado por Carbone Miele.
Un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción de Puerto Deseado por el abogado Fabricio Carbone Miele expuso una maniobra de gravedad institucional que podría derivar en una causa penal por falsificación de documentos y fraude procesal.
Según se desprende del expediente, un grupo de personas habría intentado legitimar falsamente al dirigente Fabio Dante Cattani como delegado gremial de la UOCRA local mediante el uso de altas y bajas laborales apócrifas y afiliaciones sindicales truchas.
Falsas "altas" y "bajas" laborales
La documentación que acompañaron los allegados a Cattani afirmaba que él, junto a Rubén Sepúlveda y Gastón Palacios, trabajaban bajo las órdenes del empresario Martín Enrique Sandoval. Sin embargo, la ARCA (ex AFIP) respondió oficialmente que ninguno de los tres registraba relación laboral alguna con Sandoval en las fechas declaradas.
Las constancias que figuraban como emitidas por el organismo eran falsas o adulteradas, lo que abre la sospecha de una falsificación deliberada para montar una escena de legalidad sindical inexistente.
Presentaciones falsas ante el Ministerio de Trabajo
El propio Sandoval presentó, el 30 de julio de 2025 un escrito ante la delegación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz donde comunicaba la designación de Cattani como delegado gremial.
Adjuntó fichas de afiliación y "altas" laborales que hoy, según la respuesta oficial de la ARCA, carecen de validez y no figuran en ningún registro real.
Para la defensa de los acusados en la causa principal -donde Cattani figura como víctima- esto demuestra que todo fue parte de una "simulación gremial" premeditada, dirigida a obtener reconocimiento formal mediante documentación apócrifa.
Piden intervención fiscal provincial y federal
Ante estos elementos, Carbone Miele pidió que se dé vista urgente a los fiscales provincial y federal con asiento en Puerto Deseado, considerando que podrían haberse cometido delitos contra la fe pública (arts. 292, 293 y 296 del Código Penal) y una estafa procesal (art. 172).
El abogado sostuvo que las maniobras detectadas no solo buscan engañar al tribunal, sino también manipular la interna sindical en la construcción local para desplazar a otros referentes de la UOCRA.
La obra judicial, el escenario de la maniobra
El hecho toma mayor relevancia al conocerse que toda la documentación falsa refería a una obra financiada por el Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales "3 de Julio", en Puerto Deseado, donde Sandoval actuaba como contratista.
Según el escrito, la entidad no habría cumplido su obligación legal de verificar la registración laboral del personal en obra (Ley de Contrato de Trabajo, art. 30), lo que permitió que documentación trucha circulara sin ser detectada.
El trasfondo gremial
Para la defensa, lo ocurrido demuestra que el episodio del 11 de agosto -donde se produjo un enfrentamiento en una supuesta "manifestación pacífica"- fue en realidad la culminación de una interna gremial planificada y sostenida sobre papeles falsos, con el objetivo de apropiarse de la representación de la UOCRA en Puerto Deseado.
"Lo que se quiso mostrar como una protesta pacífica fue el desenlace de una maniobra armada, con documentos adulterados y avales falsos", sostiene el escrito presentado por Carbone Miele.
