Distrigas denuncia que el intendente Pablo Grasso intenta frenar la obra del gasoducto en el Barrio 22 de SeptiembreEl presidente de Distrigas S.A., Marcelo de la Torre, denunció que el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, busca frenar la obra del gasoducto destinada al Barrio 22 de Septiembre. Según explicó, desde el municipio se exige a la empresa contratista una suma millonaria para otorgar el permiso de zanjeo en la zona.
"El intendente Pablo Grasso pretende detener la obra de gasoducto en el Barrio 22 de Septiembre y le exige a la empresa una suma millonaria para autorizar el zanjeo", señaló De la Torre, calificando la medida como una "traba innecesaria" que atenta contra el acceso a un servicio básico.
¿Un impuesto inédito?
El titular de Distrigas cuestionó además el antecedente de esta decisión y planteó un interrogante central: "Nunca antes se había cobrado un impuesto de estas características en obras de gasoducto. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el objetivo real de frenar una infraestructura vital para los vecinos?", expresó.
De la Torre señaló que la exigencia resulta aún más injustificada si se observa la situación actual del barrio:
"Ni siquiera pasa el camión recolector de basura y las calles no están correctamente delimitadas. Resulta incomprensible que se exijan sumas millonarias cuando lo que hace falta es facilitar el acceso de las familias a servicios esenciales", afirmó.
Pese a las trabas, el presidente de Distrigas confirmó que la empresa seguirá adelante con los trabajos:
"Vamos a continuar y vamos a llevarles los servicios a los vecinos. No vamos a frenar un proyecto estratégico para la ciudad", aseguró.
La construcción del gasoducto en el Barrio 22 de Septiembre se enmarca dentro de un plan de inversión del Gobierno Provincial destinado a ampliar la red de gas y mejorar la calidad de vida de cientos de familias en Río Gallegos.
"No vamos a permitir que los vecinos sigan siendo rehenes de decisiones políticas. Distrigas va a cumplir su compromiso: llevar gas a cada barrio de la capital santacruceña", concluyó De la Torre.
"El intendente Pablo Grasso pretende detener la obra de gasoducto en el Barrio 22 de Septiembre y le exige a la empresa una suma millonaria para autorizar el zanjeo", señaló De la Torre, calificando la medida como una "traba innecesaria" que atenta contra el acceso a un servicio básico.
¿Un impuesto inédito?
El titular de Distrigas cuestionó además el antecedente de esta decisión y planteó un interrogante central: "Nunca antes se había cobrado un impuesto de estas características en obras de gasoducto. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el objetivo real de frenar una infraestructura vital para los vecinos?", expresó.
De la Torre señaló que la exigencia resulta aún más injustificada si se observa la situación actual del barrio:
"Ni siquiera pasa el camión recolector de basura y las calles no están correctamente delimitadas. Resulta incomprensible que se exijan sumas millonarias cuando lo que hace falta es facilitar el acceso de las familias a servicios esenciales", afirmó.
Pese a las trabas, el presidente de Distrigas confirmó que la empresa seguirá adelante con los trabajos:
"Vamos a continuar y vamos a llevarles los servicios a los vecinos. No vamos a frenar un proyecto estratégico para la ciudad", aseguró.
La construcción del gasoducto en el Barrio 22 de Septiembre se enmarca dentro de un plan de inversión del Gobierno Provincial destinado a ampliar la red de gas y mejorar la calidad de vida de cientos de familias en Río Gallegos.
"No vamos a permitir que los vecinos sigan siendo rehenes de decisiones políticas. Distrigas va a cumplir su compromiso: llevar gas a cada barrio de la capital santacruceña", concluyó De la Torre.
