Cuatro mayores fueron demorados y cuatro menores fueron puestos a disposición del Juzgado Penal JuvenilSe trata de la operación internacional denominada "Aliados por la Infancia V", en la cual se realizaron múltiples allanamientos en un total de 15 países. En la ciudad de Río Gallegos, el ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz coordinó y ejecutó once procedimientos en distintas zonas de la ciudad.
Como resultado, cuatro personas mayores de edad fueron demoradas, para ser identificadas por la Dirección General de Policía Judicial, mientras que cuatro menores fueron puestos a disposición del Juzgado Penal Juvenil. Asimismo, se secuestraron 14 teléfonos celulares, 11 pendrive, 6 notebooks, 2 discos externos, 3 CPU, 2 tarjetas de memoria, 1 memoria RAM, 2 consolas de videojuegos, 1 televisor Smart, y 1 decoder Roku, además de documentación y material de interés para la causa.
El operativo fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos, mientras que en Río Gallegos la supervisión y planificación estuvo a cargo de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento junto a la División de Investigaciones, con la intervención de las Divisiones de Cibercrimen, Narcocriminalidad y Trata de Personas
Cabe resaltar que las medidas judiciales fueron emanadas desde el Juzgado de Instrucción N°2 local, a cargo de la Dra. Yamila Bórquez; el Juzgado de Instrucción N°3 local, a cargo del Dr. Gerard Giménez; y el Juzgado Penal Juvenil, a cargo del Dr. Fernando Zanetta.
Esto es consecuencia de largas tareas analíticas y de inteligencia a través del uso del sistema "Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)" del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cuya herramienta permite visualizar en directo información relacionada al tráfico de imágenes MASI (Material Abuso Sexual Infantil) a través de redes del tipo P2P (PEER TO PEER) y sus direcciones de IP, con lo cual se logró identificar a los usuarios distribuidos en el territorio nacional e individualizar a los posibles titulares y las locaciones desde donde se establecían las conexiones.
CABA, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán y Provincia de Buenos Aires, fueron las otras 14 jurisdicciones donde se llevó adelante la operación. En lo que respecta a países, se replicaron en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
Como resultado, cuatro personas mayores de edad fueron demoradas, para ser identificadas por la Dirección General de Policía Judicial, mientras que cuatro menores fueron puestos a disposición del Juzgado Penal Juvenil. Asimismo, se secuestraron 14 teléfonos celulares, 11 pendrive, 6 notebooks, 2 discos externos, 3 CPU, 2 tarjetas de memoria, 1 memoria RAM, 2 consolas de videojuegos, 1 televisor Smart, y 1 decoder Roku, además de documentación y material de interés para la causa.
El operativo fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos, mientras que en Río Gallegos la supervisión y planificación estuvo a cargo de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento junto a la División de Investigaciones, con la intervención de las Divisiones de Cibercrimen, Narcocriminalidad y Trata de Personas
Cabe resaltar que las medidas judiciales fueron emanadas desde el Juzgado de Instrucción N°2 local, a cargo de la Dra. Yamila Bórquez; el Juzgado de Instrucción N°3 local, a cargo del Dr. Gerard Giménez; y el Juzgado Penal Juvenil, a cargo del Dr. Fernando Zanetta.
Esto es consecuencia de largas tareas analíticas y de inteligencia a través del uso del sistema "Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)" del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cuya herramienta permite visualizar en directo información relacionada al tráfico de imágenes MASI (Material Abuso Sexual Infantil) a través de redes del tipo P2P (PEER TO PEER) y sus direcciones de IP, con lo cual se logró identificar a los usuarios distribuidos en el territorio nacional e individualizar a los posibles titulares y las locaciones desde donde se establecían las conexiones.
CABA, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán y Provincia de Buenos Aires, fueron las otras 14 jurisdicciones donde se llevó adelante la operación. En lo que respecta a países, se replicaron en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
