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JUDICIAL

Procesaron al ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros

Lo decidió el juez Sebastián Casanello. También le aplicó un embargo por más de 14 mil millones de pesos. Además fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa, su mujer, María Cantero, y varios ex funcionarios de Nación Seguros

El juez Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por la causa Seguros y le aplicó un embargo sobre sus bienes de $14.634.220.283. La acusación central es por el decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar con Nación Seguros, y por la designación de María Cantero como su secretaria privada. "Existen fuertes sospechas de que construyó una oficina de Presidencia que pasó a ser asiento de los negocios del grupo empresarial de los cuales él mismo había participado", dice el fallo.

El procesamiento es por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que tiene una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

"Las evidencias reunidas permiten sostener que el ex Presidente de la Nación se interesó, en sentido jurídico-penal, en el proceso formativo de la voluntad estatal que culminó con la materialización de las contrataciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de beneficiar al grupo empresarial en cuestión", dice el fallo en relación al empresario Héctor Martínez Sosa.

En un fallo de más de 400 páginas, Casanello también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, la histórica secretaria de Fernández.

El juez determinó que la designación de Cantero en la Casa Rosada generó una "confusión de intereses". "Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir -en especial, su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios del primer mandatario- suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza", se puede leer en el fallo.

Y agrega: "La evidencia reunida mostró, además, que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral. A la par de un trato frecuente y cercano (reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos), se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales".

Efectivamente, Martínez Sosa aprovechó como pocos el paso de su amigo Alberto Fernández por la Casa Rosada. El empresario y sus "satélites" cobraron $2.297.820.134, casi el 60% de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.

Durante el gobierno de Fernández, la empresa Martínez Sosa acumuló contratos con 19 organismos públicos y recibió $366.635.744 en comisiones. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.

La cifra creció a $ 416.546.348 si se suman las comisiones cobradas en 2024.

Apenas estalló el escándalo, Martínez Sosa intentó despegarse del expresidente, pero la filtración de los chats reveló que visitaba a Fernández en la quinta de Olivos, sin dejar rastros, y que utilizaba a su pareja para abrir puertas en reparticiones oficiales, tal como reveló este medio.

Desde su lugar en la Casa Rosada, Cantero contactaba a los funcionarios y realizaba gestiones para su pareja.

Casanello concluyó que la secretaria "estaba claramente de los dos lados del mostrador". "A la par de haber sido designada en un cargo público en un lugar sumamente sensible - como lo es el entorno presidencial-, era contratista del Estado (y recibía regularmente dinero, vía transferencia bancaria, por parte de la empresa de seguros)", dice el fallo.

El juez destacó también el vínculo estrecho entre Alberto Fernández y Daniel "El Gordo" Rodriguez, el ex intendente de la quinta de Olivos que antes había trabajado para Martínez Sosa. "La influencia del empresario se lograba a partir de su capital económico y los vínculos de dependencia generados. En palabras de Daniel Rodríguez, Fernández tenía que "pagar favor de tanto tiempo de abonos", es decir, ‘devolver favor'", se puede leer en la resolución. (Infobae)

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