El legado K de la Justicia santacruceñaSe conocieron algunos de los nombres políticamente "conocidos" que ingresaron a la Justicia santacruceña, sin exámenes, ni orden de mérito, sólo por pertenecer a un color político que gobernó la provincia durante más de 30 años: el kirchnerismo.
Mientras la gestión provincial busca ordenar cuentas y reestructurar el Estado tras años de administración kirchnerista, en las dependencias judiciales se acumulan los apellidos ilustres de la vieja política santacruceña. Lejos de concursos públicos y criterios de mérito, los ingresos a la estructura judicial parecen responder a una lógica de amiguismo, acomodos y lealtades políticas.
No es casual: para muchos dirigentes kirchneristas, la Justicia se convirtió en el último refugio tras la derrota. Allí encontraron cobijo funcionarios desplazados, hijos de referentes históricos, y figuras que hasta hace pocos meses ocupaban cargos de peso en el gobierno provincial o en la política local.
Entre los nombres que generan mayor polémica figuran:
Claudio García, ex ministro de Salud de Alicia Kirchner.
Echazú Elea, hija del diputado kirchnerista Eloy Echazú.
Carlos Gleadell, ex parlamentario del Mercosur.
Sergio Sepúlveda, mano derecha legal de Alicia Kirchner.
Andrea Cantín, hija del ex intendente kirchnerista Raúl Cantín.
Agustina Sironi, hija de una actual funcionaria de Pablo Grasso.
Leandro Flores, íntimo amigo del vocal del TSJ Fernando Basanta.
Rocío Campos, ex secretaria privada de Alicia Kirchner.
Desde el gremio de judiciales vienen advirtiendo hace tiempo sobre estos nombramientos que, aseguran, responden más a una estrategia de supervivencia política que a necesidades del sistema judicial. "La Justicia en Santa Cruz sigue siendo un territorio cerrado, lleno de privilegios y blindado al ingreso por mérito. Es el último bastión del kirchnerismo", señaló una fuente gremial.
Mientras en otras áreas del Estado se exige ajuste, transparencia y austeridad, en la Justicia los beneficios persisten, reforzando la idea de que el kirchnerismo, aunque sin gobernar, sigue manejando uno de los Poderes de Santa Cruz. (Fuente: INFOCALETA)
Mientras la gestión provincial busca ordenar cuentas y reestructurar el Estado tras años de administración kirchnerista, en las dependencias judiciales se acumulan los apellidos ilustres de la vieja política santacruceña. Lejos de concursos públicos y criterios de mérito, los ingresos a la estructura judicial parecen responder a una lógica de amiguismo, acomodos y lealtades políticas.
No es casual: para muchos dirigentes kirchneristas, la Justicia se convirtió en el último refugio tras la derrota. Allí encontraron cobijo funcionarios desplazados, hijos de referentes históricos, y figuras que hasta hace pocos meses ocupaban cargos de peso en el gobierno provincial o en la política local.
Entre los nombres que generan mayor polémica figuran:
Claudio García, ex ministro de Salud de Alicia Kirchner.
Echazú Elea, hija del diputado kirchnerista Eloy Echazú.
Carlos Gleadell, ex parlamentario del Mercosur.
Sergio Sepúlveda, mano derecha legal de Alicia Kirchner.
Andrea Cantín, hija del ex intendente kirchnerista Raúl Cantín.
Agustina Sironi, hija de una actual funcionaria de Pablo Grasso.
Leandro Flores, íntimo amigo del vocal del TSJ Fernando Basanta.
Rocío Campos, ex secretaria privada de Alicia Kirchner.
Desde el gremio de judiciales vienen advirtiendo hace tiempo sobre estos nombramientos que, aseguran, responden más a una estrategia de supervivencia política que a necesidades del sistema judicial. "La Justicia en Santa Cruz sigue siendo un territorio cerrado, lleno de privilegios y blindado al ingreso por mérito. Es el último bastión del kirchnerismo", señaló una fuente gremial.
Mientras en otras áreas del Estado se exige ajuste, transparencia y austeridad, en la Justicia los beneficios persisten, reforzando la idea de que el kirchnerismo, aunque sin gobernar, sigue manejando uno de los Poderes de Santa Cruz. (Fuente: INFOCALETA)
