Reyes destacó el avance del nuevo Régimen Penal Juvenil en DiputadosEsta tarde se realizó en la Cámara de Diputados una reunión conjunta de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes; Legislación Penal; y Presupuesto y Hacienda, y Justicia con el objetivo de avanzar en la firma del dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, una deuda histórica del Congreso con la legislación en materia de derechos y responsabilidad penal adolescente.
La reunión fue presidida por las diputadas Roxana Reyes (UCR), Laura Rodríguez Machado (PRO) y los diputados José Luis Espert y Manuel Quintar (LLA), quienes encabezan cada una de las comisiones involucradas.
Roxana Reyes, autora de uno de los proyectos base del debate y presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, sostiene que la iniciativa "no se limita a discutir la edad de imputabilidad". En cambio, explicó que se trata de "un régimen integral, que promueve la responsabilidad legal de los adolescentes y garantiza su educación, resocialización y hace foco en la reinserción social". Y agregó: "Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes y adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener la oportunidad de la resocialización. Las medidas alternativas que prevé son indicativos de que fuimos en ese sentido".
El nuevo Régimen Penal Juvenil establece una edad de imputabilidad a partir de los 14 años, y se aplicará a adolescentes de entre 14 y 18 años. En el caso de los menores menores de 14, que seguirán siendo considerados inimputables, no se prevén penas ni sanciones, sino la intervención de los servicios de protección correspondientes.
Además, Roxana Reyes subrayó el enfoque del proyecto en los derechos de los niños: "Esta propuesta apunta fundamentalmente al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia juvenil, como los establecidos por Naciones Unidas. No se trata solo de castigar, sino de reinsertar al joven que por diversas razones ingresó en la actividad criminal".
Un régimen integral
El régimen propuesto se basa en principios orientados a la resocialización y protección de derechos:
- Juicio en plazo razonable y confidencial.
- Prohibición de difundir la identidad del adolescente.
- Privación de libertad solo en casos excepcionales, cuando existan riesgos procesales comprobados.
Además, se contemplan medidas complementarias como:
- Asistencia a programas educativos, laborales o de tratamiento médico/psicológico.
Supervisión personalizada por parte de un profesional designado por el juez.
Prestación de servicios a la comunidad y medidas restrictivas como la prohibición de contacto con la víctima o de concurrencia a determinados lugares.
En casos de delitos leves (hasta 3 años de prisión), el juez podrá aplicar sanciones alternativas. Para los delitos más graves, se contempla la privación de libertad, pero con condiciones especiales, y siempre con límite máximo de 15 años. El régimen también prevé que, al cumplir dos tercios de la condena, el juez pueda permitir que el resto se cumpla bajo otras medidas.
La reunión fue presidida por las diputadas Roxana Reyes (UCR), Laura Rodríguez Machado (PRO) y los diputados José Luis Espert y Manuel Quintar (LLA), quienes encabezan cada una de las comisiones involucradas.
Roxana Reyes, autora de uno de los proyectos base del debate y presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, sostiene que la iniciativa "no se limita a discutir la edad de imputabilidad". En cambio, explicó que se trata de "un régimen integral, que promueve la responsabilidad legal de los adolescentes y garantiza su educación, resocialización y hace foco en la reinserción social". Y agregó: "Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes y adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener la oportunidad de la resocialización. Las medidas alternativas que prevé son indicativos de que fuimos en ese sentido".
El nuevo Régimen Penal Juvenil establece una edad de imputabilidad a partir de los 14 años, y se aplicará a adolescentes de entre 14 y 18 años. En el caso de los menores menores de 14, que seguirán siendo considerados inimputables, no se prevén penas ni sanciones, sino la intervención de los servicios de protección correspondientes.
Además, Roxana Reyes subrayó el enfoque del proyecto en los derechos de los niños: "Esta propuesta apunta fundamentalmente al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia juvenil, como los establecidos por Naciones Unidas. No se trata solo de castigar, sino de reinsertar al joven que por diversas razones ingresó en la actividad criminal".
Un régimen integral
El régimen propuesto se basa en principios orientados a la resocialización y protección de derechos:
- Juicio en plazo razonable y confidencial.
- Prohibición de difundir la identidad del adolescente.
- Privación de libertad solo en casos excepcionales, cuando existan riesgos procesales comprobados.
Además, se contemplan medidas complementarias como:
- Asistencia a programas educativos, laborales o de tratamiento médico/psicológico.
Supervisión personalizada por parte de un profesional designado por el juez.
Prestación de servicios a la comunidad y medidas restrictivas como la prohibición de contacto con la víctima o de concurrencia a determinados lugares.
En casos de delitos leves (hasta 3 años de prisión), el juez podrá aplicar sanciones alternativas. Para los delitos más graves, se contempla la privación de libertad, pero con condiciones especiales, y siempre con límite máximo de 15 años. El régimen también prevé que, al cumplir dos tercios de la condena, el juez pueda permitir que el resto se cumpla bajo otras medidas.
