Judiciales acompaña a una trabajadora que sufre un grave caso de violencia laboral Judiciales continúa recibiendo denuncias por maltrato y violencia laboral que suceden en dependencias de la justicia de Santa Cruz, y que padecen los trabajadores y trabajadoras. "En este contexto, un caso por demás representativo sucede en una Defensoría de Río Gallegos", afirmaron desde el gremio.
Desde el 30 de marzo, una trabajadora, Abogada y madre de dos niños, se quedó sin su puesto laboral, sustento, que tuvo su origen en situación de violencia laboral.
La profesional ingresó como contratada, pero previamente rindió el examen en 2015. En 2022 fue contratada desde abril hasta el 31 de diciembre, y luego, un segundo contrato, desde enero/23 hasta la fecha antes mencionada.
Sin previa notificación y en contra de todas las normas vigentes, no le renovaron el contrato, siendo que de acuerdo a la Ley 1 art 9 (Ley Orgánica de la Justicia de la provincia de Santa Cruz) le corresponde gozar de estabilidad laboral transcurrido los seis meses desde su ingreso.
El caso se agrava, ya que durante toda su actividad laboral padeció maltrato por parte de sus superiores directos de la Defensoría, como por ejemplo violencia psicológica y prácticas abusivas que atentan contra los derechos básicos y elementales de todos los trabajadores.
Al mismo tiempo, el Tribunal Superior de Justicia continúa promoviendo el trabajo precarizado mediante personal contratado en categorías en las que no está permitido; impidiendo el ingreso de personas que rindieron correctamente los concursos.
El caso sigue sin resolución, mientras tanto, la profesional sufre violencia institucional y peor aún, incertidumbre ante su futuro laboral. La Oficina de Bienestar Laboral (OBL) todavía no está en funcionamiento, y el gremio espera poder discutirlo con los vocales del TSJ en paritarias.
*Ante cualquier caso de violencia laboral comunicarse al 2966-558750 // 2966-465992 (la denuncia es anónima) o al correo electrónico: judicialesscruz@gmail.com
Desde el 30 de marzo, una trabajadora, Abogada y madre de dos niños, se quedó sin su puesto laboral, sustento, que tuvo su origen en situación de violencia laboral.
La profesional ingresó como contratada, pero previamente rindió el examen en 2015. En 2022 fue contratada desde abril hasta el 31 de diciembre, y luego, un segundo contrato, desde enero/23 hasta la fecha antes mencionada.
Sin previa notificación y en contra de todas las normas vigentes, no le renovaron el contrato, siendo que de acuerdo a la Ley 1 art 9 (Ley Orgánica de la Justicia de la provincia de Santa Cruz) le corresponde gozar de estabilidad laboral transcurrido los seis meses desde su ingreso.
El caso se agrava, ya que durante toda su actividad laboral padeció maltrato por parte de sus superiores directos de la Defensoría, como por ejemplo violencia psicológica y prácticas abusivas que atentan contra los derechos básicos y elementales de todos los trabajadores.
Al mismo tiempo, el Tribunal Superior de Justicia continúa promoviendo el trabajo precarizado mediante personal contratado en categorías en las que no está permitido; impidiendo el ingreso de personas que rindieron correctamente los concursos.
El caso sigue sin resolución, mientras tanto, la profesional sufre violencia institucional y peor aún, incertidumbre ante su futuro laboral. La Oficina de Bienestar Laboral (OBL) todavía no está en funcionamiento, y el gremio espera poder discutirlo con los vocales del TSJ en paritarias.
*Ante cualquier caso de violencia laboral comunicarse al 2966-558750 // 2966-465992 (la denuncia es anónima) o al correo electrónico: judicialesscruz@gmail.com
