Política
PROYECTO

Buscan que el aporte solidario obligatorio lo paguen únicamente los funcionarios activos

Los ex concejales por la oposición, Fabián Leguizamón y Marcelo Alberto Saá, presentarán un proyecto en la Legislatura para eliminar el aporte solidario en las jubilaciones provinciales.

El referente de la oposición, Fabián Leguizamón, y el también concejal mandato cumplido, Marcelo Alberto Saá, presentarán en ambos bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados, un proyecto para derogar el polémico "Aporte Solidario", mediante el cual el Ejecutivo Provincial efectúa descuentos todos los meses -desde el año 2011- en las jubilaciones provinciales, cuando estas superan tres salarios mínimos, hasta que cumplan 60 años las mujeres y 65 los hombres.

Sobre esta iniciativa, Leguizamón adelantó que -a diferencia de otras- buscarán que dicho aporte "se descuente de los sueldos de los funcionarios provinciales y municipales en actividad, y no de los jubilados como ocurre actualmente, lo cual significará un aporte mucho mayor que no tendrá un impacto negativo en la economía familiar de los que menos sueldo tienen hoy en día".

"Si están tan convencidos de la importancia de continuar con este aporte solidario obligatorio, que supuestamente es fundamental para sostener el sistema previsional en Santa Cruz, no deberían tener ningún problema en que salga de los bolsillos de los que más tienen. Además, esto iría en consonancia con el relato oficialista a favor de los derechos de los jubilados. La gente necesita hechos concretos, coherencia, no palabras ni discursos vacíos", resaltó.

Por otra parte Saá advirtió que "gracias a la negativa sistemática por parte del Gobierno Provincial en lo que respecta a rendición de informes sobre gastos, es imposible conocer el destino de esos aportes".

"Es fácil y a la vez patético exigirle solidaridad a los que menos tienen, cuando ellos siguen enriqueciéndose con total impunidad a costa del Estado", apuntó.

Tras varios intentos fallidos en derogarla por parte de diputados y distintos sectores de la oposición, y pese al descontento popular expresado en varias oportunidades, esta ley promulgada durante el gobierno de Daniel Peralta que se contradice con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sigue vigente.

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