Recurso de amparo para que el intendente Grasso envíe los decretos firmados desde el año 2019Ante la negativa del Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, de enviar al Concejo Deliberante los decretos firmados desde diciembre de 2019 a la fecha, la concejal, abg. Daniela D'Amico, bajo el patrocinio del Dr. Javier A. Stoessel, presentó un recurso amparo en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública, ante Juzgado Civil Nº 2, a cargo del juez Francisco Marinkovic.
La presidenta del Interbloque - Unidos indicó que el pedido responde a que "el Intendente Grasso no cumple con su obligación de informar a la ciudadanía los actos de gobierno. Los decretos no son publicados en ningún portal ni medio impreso. Esta práctica viola los principios Republicano básicos" dijo.
Cabe recordar que la Concejal D'Amico, el pasado 5 de marzo, presentó un pedido de informe solicitando los decretos firmados por la actual gestión, pero no obtuvo respuestas. En este sentido, la acción de amparo ordena a la Comuna que en el término de 48 horas envíe la información requerida, fijándose una multa de $ 10.000 por cada día de demora. El escrito establece además, que la obligación de contestar estará a cargo del Jefe Comunal.
D'Amico explicó que debido a que fueron agotadas las vías administrativas "recurrimos a la instancia legal. El derecho de acceso a la Información Pública es sistemáticamente desconocido por la actual gestión, siendo el poder judicial el último garante de los derechos y de la democracia. Grasso quiere acostumbrarnos a vivir en la ilegalidad, negando un derecho a la información, declamado por tratados internacionales y protegido por la Constitución Nacional y leyes provinciales".
Para finalizar, la edil radical se refirió a las declaraciones públicas de Grasso, quien dijo un medio local que estaba ‘podrido' de los pedidos de informes de la oposición. "La máxima autoridad de la capital de Santa Cruz, puede cansarse y enojarse las veces que quiera, lo que no puede hacer es dejar de informar a los vecinos que representa" aseguró y agregó "Lo que solicitamos es crucial para el ejercicio de mi función como concejal y derecho de la ciudadanía. La actual gestión responde a una clara política de secretismo, que impera en la Provincia, sobre el manejo de los asuntos públicos. Los riogalleguenses estamos cansados y preocupados de la falta de transparencia".
La presidenta del Interbloque - Unidos indicó que el pedido responde a que "el Intendente Grasso no cumple con su obligación de informar a la ciudadanía los actos de gobierno. Los decretos no son publicados en ningún portal ni medio impreso. Esta práctica viola los principios Republicano básicos" dijo.
Cabe recordar que la Concejal D'Amico, el pasado 5 de marzo, presentó un pedido de informe solicitando los decretos firmados por la actual gestión, pero no obtuvo respuestas. En este sentido, la acción de amparo ordena a la Comuna que en el término de 48 horas envíe la información requerida, fijándose una multa de $ 10.000 por cada día de demora. El escrito establece además, que la obligación de contestar estará a cargo del Jefe Comunal.
D'Amico explicó que debido a que fueron agotadas las vías administrativas "recurrimos a la instancia legal. El derecho de acceso a la Información Pública es sistemáticamente desconocido por la actual gestión, siendo el poder judicial el último garante de los derechos y de la democracia. Grasso quiere acostumbrarnos a vivir en la ilegalidad, negando un derecho a la información, declamado por tratados internacionales y protegido por la Constitución Nacional y leyes provinciales".
Para finalizar, la edil radical se refirió a las declaraciones públicas de Grasso, quien dijo un medio local que estaba ‘podrido' de los pedidos de informes de la oposición. "La máxima autoridad de la capital de Santa Cruz, puede cansarse y enojarse las veces que quiera, lo que no puede hacer es dejar de informar a los vecinos que representa" aseguró y agregó "Lo que solicitamos es crucial para el ejercicio de mi función como concejal y derecho de la ciudadanía. La actual gestión responde a una clara política de secretismo, que impera en la Provincia, sobre el manejo de los asuntos públicos. Los riogalleguenses estamos cansados y preocupados de la falta de transparencia".
