Grasso se quedó con Maxia y ahora hay que pagar las deudas y el sueldo atrasado de los chóferesSegún los abogados de la empresa, la medida sería anticonstitucional ya que se trata de un Despojo de la propiedad privada. Mediática Digital también pudo saber que la empresa está sumergida en deudas por los incumplimiento constantes del municipio, que ascenderían a los 24 millones en AFIP, por ejemplo. También se les debe a los chóferes el pago de los sueldos de Mayo, aguinaldo y Junio. Jurídicamente, el titular de la empresa y los bienes continúa siendo Maxia. Para tener idea de lo que significa sostener una empresa de transporte, el funcionamiento de sólo 5 colectivos requiere una suma mensual de más de $8 millones.
Según los abogados de la empresa: "El 15 de Mayo, en el marco de una audiencia de negociación con la Municipalidad celebrada en el Expediente Judicial se pautó un servicio mínimo de 5 coches, ya que el contrato fue extinto por incumplimientos de la Municipalidad en el mes de Marzo. El 04 de Junio se presentó a la Municipalidad una propuesta para asumir este periodo de transición, y ante la falta de respuesta de las autoridades municipales, el 19 de Junio se insistió en la presentación formalmente, aunque ya estaba en conocimiento de ello las autoridades municipales. El 23 de Junio Maxia realiza una presentación judicial adelantando la anomia de la municipalidad para arribar a una ordenada transición.El 24 y 30 de Junio se presenta espontáneamente la Municipalidad en el Expediente y sin dar aviso de las presentaciones realizadas por Maxia, en el marco de la negociación ordenada por el juez, solicita la incautación de los bienes. El escrito presentado por Maxia SRL no es incorporado en el Expediente y por consecuencia se hace caso omiso a la posición de la Empresa. Finalmente, hoy 1 de Julio el juez prescindiendo de analizar los argumentos de la Empresa -básicamente por no incorporar un escrito esencial- ordena la incautación de los bienes y la ocupación del predio."
De esta manera se realiza un despojo total a la empresa en Río Gallegos ya que es una propiedad privada, y se estaría violando la Constitución Nacional. Tanto el predio, los bienes y los colectivos continúan siendo jurídicamente propiedad de la empresa, precisaron los letrados a nuestro medio
Mediática Digital también pudo conocer que el funcionamiento por ejemplo de sólo 5 unidades, conlleva un gasto mensual de alrededor de $8 millones mensuales. Además,la empresa no habría podido cobrar el subsidio nacional ya que desde el municipio local no habrían sabido cómo realizar el trámite, cuando por ejemplo en Caleta Olivia la empresa sí pudo acceder al subsidio ya que se hicieron los papeles como corresponde.
Según el Secretario de Gestión Legal y Técnica del municipio de Río Gallegos, Doctor Jorge Cabezas: "la orden de Bersanelli implica que el Municipio con las unidades, personal y base de operaciones, brinde nuevamente el servicio en cuanto sea posible: "El servicio se va a brindar con los trabajadores de Maxia, de ninguna manera con personal municipal. Esto, mientras se cursa el proceso judicial, que llevará a un nuevo llamado a licitación en el futuro".
Mediática Digital se comunicó con el titular del gremio UTA, Rubén Aguilera, quien representa a los empleados de la empresa y afirmó que ahora se encuentran con medidas de fuerza ya que les deben el sueldo del mes de Mayo, el medio aguinaldo y mañana vence el plazo para efectuar el pago del mes de Junio. Hasta tanto no se regularice la situación con los trabajadores, Aguilera dijo que no se iba a sentar con el intendente.
Según los abogados de la empresa: "El 15 de Mayo, en el marco de una audiencia de negociación con la Municipalidad celebrada en el Expediente Judicial se pautó un servicio mínimo de 5 coches, ya que el contrato fue extinto por incumplimientos de la Municipalidad en el mes de Marzo. El 04 de Junio se presentó a la Municipalidad una propuesta para asumir este periodo de transición, y ante la falta de respuesta de las autoridades municipales, el 19 de Junio se insistió en la presentación formalmente, aunque ya estaba en conocimiento de ello las autoridades municipales. El 23 de Junio Maxia realiza una presentación judicial adelantando la anomia de la municipalidad para arribar a una ordenada transición.El 24 y 30 de Junio se presenta espontáneamente la Municipalidad en el Expediente y sin dar aviso de las presentaciones realizadas por Maxia, en el marco de la negociación ordenada por el juez, solicita la incautación de los bienes. El escrito presentado por Maxia SRL no es incorporado en el Expediente y por consecuencia se hace caso omiso a la posición de la Empresa. Finalmente, hoy 1 de Julio el juez prescindiendo de analizar los argumentos de la Empresa -básicamente por no incorporar un escrito esencial- ordena la incautación de los bienes y la ocupación del predio."
De esta manera se realiza un despojo total a la empresa en Río Gallegos ya que es una propiedad privada, y se estaría violando la Constitución Nacional. Tanto el predio, los bienes y los colectivos continúan siendo jurídicamente propiedad de la empresa, precisaron los letrados a nuestro medio
Mediática Digital también pudo conocer que el funcionamiento por ejemplo de sólo 5 unidades, conlleva un gasto mensual de alrededor de $8 millones mensuales. Además,la empresa no habría podido cobrar el subsidio nacional ya que desde el municipio local no habrían sabido cómo realizar el trámite, cuando por ejemplo en Caleta Olivia la empresa sí pudo acceder al subsidio ya que se hicieron los papeles como corresponde.
Según el Secretario de Gestión Legal y Técnica del municipio de Río Gallegos, Doctor Jorge Cabezas: "la orden de Bersanelli implica que el Municipio con las unidades, personal y base de operaciones, brinde nuevamente el servicio en cuanto sea posible: "El servicio se va a brindar con los trabajadores de Maxia, de ninguna manera con personal municipal. Esto, mientras se cursa el proceso judicial, que llevará a un nuevo llamado a licitación en el futuro".
Mediática Digital se comunicó con el titular del gremio UTA, Rubén Aguilera, quien representa a los empleados de la empresa y afirmó que ahora se encuentran con medidas de fuerza ya que les deben el sueldo del mes de Mayo, el medio aguinaldo y mañana vence el plazo para efectuar el pago del mes de Junio. Hasta tanto no se regularice la situación con los trabajadores, Aguilera dijo que no se iba a sentar con el intendente.
