Pasan a disponibilidad a 4 marinos procesados por el caso ARA San JuanLa decisión fue tomada por Agustín Rossi después que la jueza Marta Yáñez dispusiera el procesamiento de 6 oficiales de la Armada en la investigación por el hundimiento del submarino.
El martes pasado, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, que investiga el naufragio del submarino ARA San Juan, resolvió procesar a 6 oficiales de la Armada.
A dos días de conocerse el auto de procesamiento, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, instruyó al jefe naval almirante de Infantería de Marina José Villán para que ordene el pase a situación de disponibilidad de 4 de los marinos procesados. Quedarán suspendidos del servicio activo los capitanes de navío Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del COFS; el capitán de fragata Hugo Correa, exjefe de Operaciones del COFS; y el capitán de corbeta Jorge Sulia, exjefe de Logística del COFS.
La decisión adoptada por el almirante Villán fue comunicada a los 4 marinos ayer por la mañana. Uno a uno pasaron por el despacho del piso 13 del Edificio Libertad, lugar que ocupa la oficina del titular de la Armada, y recibieron la noticia de su desplazamiento del servicio activo a la disponibilidad. Es una situación prevista en ley para el Personal Militar 19.101 que implica la suspensión del cargo y función y una merma en el haber del orden del 50% hasta tanto se aclare o finalice un proceso penal en marcha o la resolución de un legajo disciplinario cuando se trate de un sumario militar. Es la antesala a la solicitud de retiro que habitualmente se plantea al término del juicio con condena firme. La reconstrucción de los argumentos dados por el jefe Villán en la reunión -estuvo acompañado por el director general de Personal de la Armada, contralmirante Edgar González-, indica que "fue una demanda de la política" y que todos debían ser pasados a retiro obligatorio, un estado que la normativa castrense no prevé para la situación de los 4 convocados. Aclaraciones mediante, entonces se optó por seguir el camino riguroso de la reglamentación militar, el pase a "disponibilidad". Villán sabe de qué se habla, la figura del retiro obligatorio es una forma equívoca de sanción que la política tiene siempre a mano cuando la presión social pide cabezas. Él mismo dictó resoluciones con el aval del exministro Oscar Aguad para reincorporar y poner en disponibilidad al capitán de fragata Marcelo Toulemonde que fue sancionado y hostigado hasta su pase a retiro obligatorio en 2012. El disparador del retiro obligatorio de Toulemonde ocurrió el 22 de diciembre de 2007, cuando Mónica Liberatori, su esposa, gritó "¡Larrabure!" durante un acto encabezado por Cristina de Kirchner en el Colegio Militar. Toulemonde recurrió a la Justicia y en 2019 la jueza federal subrogante del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 11, Cecilia Gilardi De Negre, reconoció el "daño moral" y ordenó a la Armada y al Estado nacional indemnizar a Toulemonde.
Los procesamientos por el caso San Juan conmocionaron a los cuadros, en particular a las jerarquías intermedias de oficiales. Se mira el caso puntual del capitán de corbeta Sulia, jefe del departamento Logística de la Fuerza de Submarinos, se diría un "perejil" de la línea o cadena de responsabilidades que delineó la magistrada Marta Yáñez. "En adelante los oficiales de cargo o división seremos fiscales de cada directiva de mantenimiento que ordene un jefe de departamento o comandante de unidad ni que hablar de los planes operativos", dijo a este diario un joven marino. La reflexión parece un indicio del quiebre de la confianza y disciplina de ida y vuelta que antaño regía en las filas navales. La mirada de conjunto al auto de procesamiento de toda la línea de comando de la fuerza de submarinos incluida la autoridad máxima de los medios navales, el comandante de Alistamiento y Adiestramiento, muestra una imagen de desconcierto.
Según la imputación, todos fueron negligentes en el deber de cuidado y mantenimiento del San Juan, casi un complot para el naufragio. No tuvo en cuenta la magistrada ni ponderó ningún elemento probatorio acercado por distintos procesados respecto de que las novedades remanentes de la reparación de media vida no comprometían la seguridad de la navegación. El contralmirante retirado Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, uno de los procesados, dijo (y aportó la prueba) ante el tribunal de Caleta Olivia y ante la Bicameral del Congreso que investigó el hecho que "el último documento del mantenimiento del submarino registró 21 novedades que fueron resueltas, y 11 que quedaron pendientes" y puntualizó que "esas novedades no ponían en riesgo la navegabilidad de la nave". Otro punto del auto de procesamiento indica que no se prestó atención al informe de la patrulla de julio de 2017 en que el comandante capitán de fragata, Pedro Fernández, avisó sobre el ingreso de agua de mar a las baterías de proa durante una maniobra de snorkel y del funcionamiento defectuoso de la válvula E19. La posición de esa válvula se señala como el epicentro que permitió el acceso de agua a las baterías y de acuerdo con la hipótesis que planteó la Comisión Asesora del ministerio de Defensa, habría sido el elemento que desencadenó la tragedia del 15 de noviembre, explosión interna por concentración de hidrógeno generado por la electrólisis del agua de mar. En la causa hay dos testimonios clave sobre el presunto fallo de la válvula E19 reseñada por la jueza. El 21 de marzo de 2018 declaró el suboficial electricista César Figueroa, que estuvo embarcado en la patrulla de julio y dijo: "Fuimos a verificar porque el único acceso que tendría el agua es por la válvula eco 19, fuimos a verificar el cierre de esa válvula. Es el único lugar por donde puede ingresar agua en situación de snorkel (hasta la zona de baterías). En ese momento tanto yo como el cabo 1° Nolasco fuimos a verificar el cierre de todas las válvulas, constatando que no estaba cerrada en su totalidad". Esta sería la razón por la que el capitán Fernández no pidió su reparación, no se trató de una falla de estanqueidad del asiento de la válvula, sino un cierre incompleto de la manivela que dejó la válvula mal cerrada y laminó agua de mar hacia las baterías de proa.(Ámbito-Aguilera)
El martes pasado, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, que investiga el naufragio del submarino ARA San Juan, resolvió procesar a 6 oficiales de la Armada.
A dos días de conocerse el auto de procesamiento, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, instruyó al jefe naval almirante de Infantería de Marina José Villán para que ordene el pase a situación de disponibilidad de 4 de los marinos procesados. Quedarán suspendidos del servicio activo los capitanes de navío Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del COFS; el capitán de fragata Hugo Correa, exjefe de Operaciones del COFS; y el capitán de corbeta Jorge Sulia, exjefe de Logística del COFS.
La decisión adoptada por el almirante Villán fue comunicada a los 4 marinos ayer por la mañana. Uno a uno pasaron por el despacho del piso 13 del Edificio Libertad, lugar que ocupa la oficina del titular de la Armada, y recibieron la noticia de su desplazamiento del servicio activo a la disponibilidad. Es una situación prevista en ley para el Personal Militar 19.101 que implica la suspensión del cargo y función y una merma en el haber del orden del 50% hasta tanto se aclare o finalice un proceso penal en marcha o la resolución de un legajo disciplinario cuando se trate de un sumario militar. Es la antesala a la solicitud de retiro que habitualmente se plantea al término del juicio con condena firme. La reconstrucción de los argumentos dados por el jefe Villán en la reunión -estuvo acompañado por el director general de Personal de la Armada, contralmirante Edgar González-, indica que "fue una demanda de la política" y que todos debían ser pasados a retiro obligatorio, un estado que la normativa castrense no prevé para la situación de los 4 convocados. Aclaraciones mediante, entonces se optó por seguir el camino riguroso de la reglamentación militar, el pase a "disponibilidad". Villán sabe de qué se habla, la figura del retiro obligatorio es una forma equívoca de sanción que la política tiene siempre a mano cuando la presión social pide cabezas. Él mismo dictó resoluciones con el aval del exministro Oscar Aguad para reincorporar y poner en disponibilidad al capitán de fragata Marcelo Toulemonde que fue sancionado y hostigado hasta su pase a retiro obligatorio en 2012. El disparador del retiro obligatorio de Toulemonde ocurrió el 22 de diciembre de 2007, cuando Mónica Liberatori, su esposa, gritó "¡Larrabure!" durante un acto encabezado por Cristina de Kirchner en el Colegio Militar. Toulemonde recurrió a la Justicia y en 2019 la jueza federal subrogante del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 11, Cecilia Gilardi De Negre, reconoció el "daño moral" y ordenó a la Armada y al Estado nacional indemnizar a Toulemonde.
Los procesamientos por el caso San Juan conmocionaron a los cuadros, en particular a las jerarquías intermedias de oficiales. Se mira el caso puntual del capitán de corbeta Sulia, jefe del departamento Logística de la Fuerza de Submarinos, se diría un "perejil" de la línea o cadena de responsabilidades que delineó la magistrada Marta Yáñez. "En adelante los oficiales de cargo o división seremos fiscales de cada directiva de mantenimiento que ordene un jefe de departamento o comandante de unidad ni que hablar de los planes operativos", dijo a este diario un joven marino. La reflexión parece un indicio del quiebre de la confianza y disciplina de ida y vuelta que antaño regía en las filas navales. La mirada de conjunto al auto de procesamiento de toda la línea de comando de la fuerza de submarinos incluida la autoridad máxima de los medios navales, el comandante de Alistamiento y Adiestramiento, muestra una imagen de desconcierto.
Según la imputación, todos fueron negligentes en el deber de cuidado y mantenimiento del San Juan, casi un complot para el naufragio. No tuvo en cuenta la magistrada ni ponderó ningún elemento probatorio acercado por distintos procesados respecto de que las novedades remanentes de la reparación de media vida no comprometían la seguridad de la navegación. El contralmirante retirado Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, uno de los procesados, dijo (y aportó la prueba) ante el tribunal de Caleta Olivia y ante la Bicameral del Congreso que investigó el hecho que "el último documento del mantenimiento del submarino registró 21 novedades que fueron resueltas, y 11 que quedaron pendientes" y puntualizó que "esas novedades no ponían en riesgo la navegabilidad de la nave". Otro punto del auto de procesamiento indica que no se prestó atención al informe de la patrulla de julio de 2017 en que el comandante capitán de fragata, Pedro Fernández, avisó sobre el ingreso de agua de mar a las baterías de proa durante una maniobra de snorkel y del funcionamiento defectuoso de la válvula E19. La posición de esa válvula se señala como el epicentro que permitió el acceso de agua a las baterías y de acuerdo con la hipótesis que planteó la Comisión Asesora del ministerio de Defensa, habría sido el elemento que desencadenó la tragedia del 15 de noviembre, explosión interna por concentración de hidrógeno generado por la electrólisis del agua de mar. En la causa hay dos testimonios clave sobre el presunto fallo de la válvula E19 reseñada por la jueza. El 21 de marzo de 2018 declaró el suboficial electricista César Figueroa, que estuvo embarcado en la patrulla de julio y dijo: "Fuimos a verificar porque el único acceso que tendría el agua es por la válvula eco 19, fuimos a verificar el cierre de esa válvula. Es el único lugar por donde puede ingresar agua en situación de snorkel (hasta la zona de baterías). En ese momento tanto yo como el cabo 1° Nolasco fuimos a verificar el cierre de todas las válvulas, constatando que no estaba cerrada en su totalidad". Esta sería la razón por la que el capitán Fernández no pidió su reparación, no se trató de una falla de estanqueidad del asiento de la válvula, sino un cierre incompleto de la manivela que dejó la válvula mal cerrada y laminó agua de mar hacia las baterías de proa.(Ámbito-Aguilera)
