Tribunal de Enjuiciamiento suspendió a dos juezas y al defensor público de Caleta OliviaLas titulares del Juzgado de Menor, Angélica Poppy Zari, y de Familia, María del Rosario Alvarez, como el defensor público oficial de esa ciudad, Walter Martínez, fueron suspendidos en forma preventiva de sus cargos por decisión el Tribunal Provincial de Enjuiciamiento. La disposición podría extenderse a la responsable del Juzgado Civil y Comercial, Malena Totino.
El escándalo institucional es el resultado de la denuncia que formuló en marzo de este mismo año la ministro de Desarrollo Social de la provincia, Paola Vessvessian, en torno a un caso de presunta adopción irregular de una beba, en base a un informe remitido por la Oficina Municipal de la Niñez.
Las acusaciones involucraron inicialmente a las tres juezas anteriormente mencionadas, quienes supuestamente se habrían valido de sus cargos y funciones para beneficiar a una de ellas, Angélica Zari.
La misma había presentado una solicitud de adopción de una beba que nació el 22 de febrero y su madre biológica ya había manifestado con antelación que quería darla en adopción.
En ese contexto las funcionarias habrían incurrido en una asociación ilícita para sortear un listado de familias inscriptas con antelación en el registro de postulantes.
Este hecho también involucró a la entonces directora del Hospital Zonal, Patricia Zari (hermana de la jueza Angélica Zari), y a pesar de que la misma dijo púbicamente que la beba nunca fue entregada en adopción mientras estuvo internada en ese nosocomio, también fue separada del cargo, en este caso por disposición del Ministerio de Salud.
El otro funcionario afectado por este hecho es el defensor público oficial, Walter Martínez, trascendiendo que habría emitido un dictamen para favorecer a alguna de las juezas y ello habría sido el motivo de su suspensión junto a Zari y Álvarez.
Acerca de la restante funcionaria, Melena Totino, se supo que desde hace varias semanas se halla de licencia en Buenos Aires por razones de enfermedad de un familiar.
Por ello se presume que el Tribunal de Enjuiciamiento recién emitiría el dictamen hacia su persona cuando se reintegre a sus funciones, pero no está confirmado si será el mismo que les impuso a los restantes funcionarios de la justicia involucrados.
FACULTADES CONFERIDAS
El Tribunal Provincial de Enjuiciamiento (TPE) que se expidió el martes por la tarde está conformado por los cinco miembros del Tribunal Superior de Justicia (Paula Ludueña, Enrique Peretti, Daniel Mariani, Renée Guadalupe Fernández y Alicia de los Ángeles Mercau), además de un representante del foro de abogados particulares de toda la provincia y un miembro de Legislatura, en este caso el diputado por el Frente Renovador, José Blasiotto.
Fue este legislador quien ayer, en declaraciones formuladas a la FM local De La Cuenca, hizo saber que el TPE recibió el expediente de la causa el viernes de la semana pasada y procedió de inmediato, de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Provincial 28 referida a resolver sobre denuncias de comportamientos graves que recaen sobre los jueces y otros funcionarios de alto rango de ese ámbito.
Al respecto, precisó que por decisión unánime se consideró que había elementos "reprochables" que determinaron que Zari, Álvarez y Martínez fueran separados preventivamente de sus cargos, al menos por 60 días, mientras dure el debido proceso.
Este podría derivar en sus destituciones o bien en sus reincorporaciones en base a otras instancias legales que se vayan aportando, pero ello ya no es una función del TPE, según indicó Blassiotto.
Al ser consultado por la situación de la jueza Totino, el diputado se excusó de brindar algún detalle, dando a entender que aparentemente se está esperando que se reintegre a sus funciones.
Finalmente resaltó que "lo importante de todo esto es que las instituciones deben funcionar para que otorguen garantías a los ciudadanos y que éstos sepan que en el caso de funcionarios que imparten justicia lo hacen conforme a las exigencias de cada caso".
Para corroborar sus dichos, sostuvo que "los jueces tienen muchas facultades, pero también muchas obligaciones y una de ellas es llevar adelante procedimientos acordes a las leyes y que no sean desvirtuados".(El Patagónico)
El escándalo institucional es el resultado de la denuncia que formuló en marzo de este mismo año la ministro de Desarrollo Social de la provincia, Paola Vessvessian, en torno a un caso de presunta adopción irregular de una beba, en base a un informe remitido por la Oficina Municipal de la Niñez.
Las acusaciones involucraron inicialmente a las tres juezas anteriormente mencionadas, quienes supuestamente se habrían valido de sus cargos y funciones para beneficiar a una de ellas, Angélica Zari.
La misma había presentado una solicitud de adopción de una beba que nació el 22 de febrero y su madre biológica ya había manifestado con antelación que quería darla en adopción.
En ese contexto las funcionarias habrían incurrido en una asociación ilícita para sortear un listado de familias inscriptas con antelación en el registro de postulantes.
Este hecho también involucró a la entonces directora del Hospital Zonal, Patricia Zari (hermana de la jueza Angélica Zari), y a pesar de que la misma dijo púbicamente que la beba nunca fue entregada en adopción mientras estuvo internada en ese nosocomio, también fue separada del cargo, en este caso por disposición del Ministerio de Salud.
El otro funcionario afectado por este hecho es el defensor público oficial, Walter Martínez, trascendiendo que habría emitido un dictamen para favorecer a alguna de las juezas y ello habría sido el motivo de su suspensión junto a Zari y Álvarez.
Acerca de la restante funcionaria, Melena Totino, se supo que desde hace varias semanas se halla de licencia en Buenos Aires por razones de enfermedad de un familiar.
Por ello se presume que el Tribunal de Enjuiciamiento recién emitiría el dictamen hacia su persona cuando se reintegre a sus funciones, pero no está confirmado si será el mismo que les impuso a los restantes funcionarios de la justicia involucrados.
FACULTADES CONFERIDAS
El Tribunal Provincial de Enjuiciamiento (TPE) que se expidió el martes por la tarde está conformado por los cinco miembros del Tribunal Superior de Justicia (Paula Ludueña, Enrique Peretti, Daniel Mariani, Renée Guadalupe Fernández y Alicia de los Ángeles Mercau), además de un representante del foro de abogados particulares de toda la provincia y un miembro de Legislatura, en este caso el diputado por el Frente Renovador, José Blasiotto.
Fue este legislador quien ayer, en declaraciones formuladas a la FM local De La Cuenca, hizo saber que el TPE recibió el expediente de la causa el viernes de la semana pasada y procedió de inmediato, de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Provincial 28 referida a resolver sobre denuncias de comportamientos graves que recaen sobre los jueces y otros funcionarios de alto rango de ese ámbito.
Al respecto, precisó que por decisión unánime se consideró que había elementos "reprochables" que determinaron que Zari, Álvarez y Martínez fueran separados preventivamente de sus cargos, al menos por 60 días, mientras dure el debido proceso.
Este podría derivar en sus destituciones o bien en sus reincorporaciones en base a otras instancias legales que se vayan aportando, pero ello ya no es una función del TPE, según indicó Blassiotto.
Al ser consultado por la situación de la jueza Totino, el diputado se excusó de brindar algún detalle, dando a entender que aparentemente se está esperando que se reintegre a sus funciones.
Finalmente resaltó que "lo importante de todo esto es que las instituciones deben funcionar para que otorguen garantías a los ciudadanos y que éstos sepan que en el caso de funcionarios que imparten justicia lo hacen conforme a las exigencias de cada caso".
Para corroborar sus dichos, sostuvo que "los jueces tienen muchas facultades, pero también muchas obligaciones y una de ellas es llevar adelante procedimientos acordes a las leyes y que no sean desvirtuados".(El Patagónico)
