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El Consejo Superior tratará la adhesión de la UNPA a la Ley Micaela

En la primera sesión ordinaria del año, prevista para los días 25 y 26 de abril en la UART, los consejeros abordarán una propuesta de la Comisión Asesora en Cuestiones de Género para que los integrantes de la casa de altos estudios, especialmente funcionarios, reciban capacitación específica sobre violencia contra las mujeres y comunidad LGBTTTIQ

En la primera sesión ordinaria del Consejo Superior, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril en la Unidad Académica Río Turbio, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral abordará una propuesta de la Comisión Asesora en Cuestiones de Género para que la casa de altos estudios adhiera a la Ley 27.499 y al 'Programa Micaela de Capacitación Institucional', que contempla la formación en temas de género y violencia contra las mujeres para quienes trabajan en la función pública.

La norma - conocida como 'Ley Micaela', en homenaje a la joven de 21 años violada y asesinada en abril de 2017 en Gualeguay- fue aprobada en diciembre de 2018 y establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los tres poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías.

En el ámbito universitario la adhesión se impulsa desde la Red Universitaria de Género (RUGE), conformada en el ámbito del CIN e integrada por referentes de todas las casas de altos estudios del país que ya están trabajando con perspectiva de género y abordando cuestiones de violencia contra las mujeres y comunidad LGBTTTIQ. Cabe destacar que la UNPA forma parte del Comité Ejecutivo de la Red, a través de su referente institucional, la Mg. María José Leno.

Consultada sobre la propuesta, Leno - quien integra además la Comisión Asesora en Cuestiones de Género de la UNPA - dijo que la adhesión responde a la necesidad de "capacitación en cuestiones de género y perspectiva de género, no solamente para los funcionarios de la universidad, sino para toda al comunidad universitaria".

"No sabemos como lo resolverá el Consejo Superior, pero nosotros vamos a plantear la necesidad de establecer un compromiso y una responsabilidad de participación central de aquellos que hoy están como funcionarios en cualquier dimensión de la universidad: autoridades, secretarios, docentes", explicó Leno, quien sostuvo que el objetivo es además que "la universidad garantice al menos instancias de capacitación a todos los integrantes de la comunidad universitaria".

Para que la UNPA pueda sumarse a una iniciativa que ya plasmaron las Universidades Nacionales de Mar Del Plata, Córdoba y Rosario, la Comisión de Género presentará al órgano de gobierno "un borrador de programa de capacitación, para que, si se aprueba podamos iniciar estas capacitaciones con referentes externos, de alto nivel en la temática, a partir del mes de mayo".

Por otra parte, Leno recordó que la UNPA forma parte de la Red Consultiva de la Dirección Nacional de Mujeres, que define los lineamientos básicos de esta propuesta.

En este contexto, la referente institucional de la UNPA remarcó la importancia de que la sociedad santacruceña acompañe el tratamiento de esta propuesta: "Aprovechamos a invitar a toda la comunidad de Río Turbio, a las compañeras, compañeros y los estudiantes a acercarse al consejo superior, porque si bien la universidad seguramente va a adherir, es importante tener una presencia para decir que efectivamente vamos en una línea diferente a la que tenemos hasta el momento".

El tratamiento de la adhesión será transmitido en vivo por facebook a través de la Página 'Género Unpa'.

Cabe recordar que el Consejo Superior aprobó en 2018 el Protocolo de Actuación Institucional frente a la Violencia hacia las Mujeres y Comunidad LGBTTTIQ, que establece procedimientos para que quienes sean víctimas de cualquier tipo de agresión o discriminación y terceros que tomen conocimiento de éstas prácticas en cualquier contexto en que se vea involucrada la universidad puedan asesorarse y realizar denuncias que obliguen a una respuesta institucional.

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