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El Gobierno evalúa los alcances de la habilitación para la Zona Franca minorista en Río Gallegos

Esta mañana, a través del Boletín Oficial, se dio a conocer la Resolución General N° 4399 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que oficializa la habilitación de la Zona Franca Minorista de Río Gallegos. En este contexto, la gobernadora Alicia Kirchner recibió al ministro Leonardo Álvarez y junto al vicegobernador Pablo González, el ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas, Ignacio Perincioli, y el Fiscal de Estado, Fernando Tanarro, analizaron los alcances de la normativa y los efectos sobre el proyecto que la Provincia comenzó a gestionar ante el gobierno nacional en 2016.

Al respecto, en diálogo con LU14 Radio Provincia Leonardo Álvarez recordó que la Zona Franca Mayorista ya había sido oficializada y la Provincia venía gestionando mediante reclamos a AFIP la Minorista de Río Gallegos y la mayorista de Caleta Olivia. "Hace aproximadamente 20 días, nos reunimos con funcionarios de AFIP y de Aduana donde le pedimos la urgente habilitación luego de tres años de la Zona Franca minorista de Rio Gallegos", subrayó el ministro y destacó que recién cuando la Gobernadora planteó esta situación al presidente Macri en su visita a la provincia, se hizo efectiva la resolución.

"Finalmente pareciera ser que los santacruceños vamos a poder tener nuestra Zona Franca como lo soñamos desde hace mucho tiempo", afirmó el funcionario provincial aunque señaló que "todavía quedan cosas pendientes por discutir, fundamentalmente, el excedente de franquicia que no está contemplado en el Boletín Oficial".

En este sentido, explicó que con las condiciones actuales "las compras van a poder realizarse hasta el tope de franquicia de 600 dólares mensuales acumulables por cuatro meses y por grupo familiar para residentes santacruceños, pero no van a poder exceder ese tope de franquicia" y consideró que "esto nos pone en desventaja comparativa con las Zonas Francas vecinas que tienen la posibilidad de pagar el arancel de excedente de franquicia".

También está excluido "de acuerdo a lo que dice la Resolución N° 3114 y su modificatoria de enero de 2018, el Régimen Automotores. Esto es algo por lo que vamos a tener que seguir discutiendo con el Gobierno Nacional en favor del interés de todos los santacruceños".

A la vez, informó que la Gobernadora le dio instrucciones para que la semana que viene "nos reunamos con Aduana a plantear estos temas que todavía están faltando para que la habilitación de la Zona Franca sea completa y efectiva tal cual rezaba en su decreto de creación".

A la vez, indicó que existe un plazo de entre 60 y 90 días para la puesta a punto del funcionamiento y la apertura comercial de la Zona Franca: "Esperemos que en ese proceso se pueda llevar adelante toda la sistematización para la facturación y que todos los comerciantes puedan poner sus negocios en condiciones para abrir".

"Lamentablemente siempre las cosas son a cuenta gotas para Santa Cruz -agregó Álvarez- parece que siempre cuestan más cuando tienen que ver con decisiones del Gobierno Nacional", y respecto a los tres años de demora en la habilitación de la Zona Franca, sostuvo: "Significan un capital de trabajo inmovilizado para todos los que han hecho el esfuerzo económico para participar en esta Zona Franca y eso no se lo va a devolver nadie" y agradeció a los comerciantes por "la paciencia y el empuje que han tenido al traccionar junto con nosotros para que el Gobierno Nacional finalmente decida avanzar en esta habilitación".

"Esperemos que la habilitación se dé cuanto antes y vamos a seguir pujando juntos todos los santacruceños para que también se puedan vender Automotores y para que la Zona Franca de Río Gallegos configure una oportunidad para el comercio y para los consumidores", concluyó el ministro de la Producción, Comercio e Industria, Leonardo Álvarez.

Presión Tributaria

En otro tramo, Álvarez indicó que la Gobernadora Alicia Kirchner también presentó reclamos en lo que tiene que ver con el sector comercial con la adhesión de ASIP a la Ley de Emergencia Comercial "por la presión tributaria que está ejerciendo la agencia recaudadora nacional, no solo a nuestros comerciantes de Río Gallegos y Santa Cruz sino a los de todo el país en una coyuntura económica muy difícil".

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