Política
Crisis en Santa Cruz

Funcionarios nacionales viajan a Santa Cruz para acordar soluciones a la crisis provincial

El subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, y el director nacional de Política Fiscal, Guillermo Giussi, se reunirán con el ministro de Economía de la provincia, Juan Donnini, y su equipo de colaboradores, para analizar un plan de ordenamiento de las cuentas públicas.

El subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, y el director nacional de Política Fiscal, Guillermo Giussi, viajarán a Río Gallegos con el fin de elaborar con funcionarios de Santa Cruz un plan para superar la crítica situación social y económica que atraviesa la provincia.

Ambos funcionarios nacionales se reunirán con el ministro de Economía de la provincia, Juan Donnini, y su equipo de colaboradores, para analizar un plan de ordenamiento de las cuentas públicas de Santa Cruz, informaron fuentes del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Asimismo, se evaluará la forma en que la provincia proyectará un acuerdo fiscal "sustentable" hasta 2019, agregaron.

El gobierno de Santa Cruz no se adhirió al acuerdo de Responsabilidad Fiscal que firmaron a mediados de marzo la mayoría de los gobernadores provinciales con el gobierno nacional y que los compromete a una reducción paulatina del déficit público con vistas a llegar a un punto equilibrio fiscal en 2019.

El viernes último, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió en la Casa Rosada a la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, ocasión en la que se acordó seguir negociando una salida a la crisis provincial y para tal fin se anunció el viaje que emprenderán Caballero y Giussi a Río Gallegos. 

Más de Política
Reyes: "La Educación no se mejora con silencio"
12 Jun 2025 La diputada nacional Roxana Reyes expresó su firme rechazo al proyecto de Ley N.º 289, impulsado por el bloque oficialista en la Legislatura de Santa Cruz, bajo el título "Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias". Para la legisladora, la iniciativa constituye un intento encubierto de limitar derechos fundamentales como la protesta social, la participación gremial y la libertad de expresión.