El SIPGER exige la reversión inmediata de las áreas que Patagonia Resources controla en santa cruz

"Patagonia Resources, empresa del Grupo Neuss, recibió áreas estratégicas con producción, infraestructura, contratos, equipos y trabajadores que sostuvieron durante años la actividad. Esa adjudicación no fue una transferencia libre de condiciones. El Estado provincial la habilitó bajo obligaciones concretas que la empresa debía cumplir desde el primer día.

Entre esas obligaciones estaba la responsabilidad laboral sobre el traspaso. Patagonia Resources debía absorber al personal afectado a la actividad, ordenar los pases correspondientes y garantizar que la transferencia de las áreas no se hiciera sobre la espalda de los trabajadores.

Después, en Caleta Olivia, las operadoras asumieron ante los ministerios provinciales y los gremios el compromiso de frenar nuevos despidos. Patagonia Resources incumplió también ese acuerdo. Avanzó sobre puestos de trabajo, agravó el conflicto y desconoció una instancia institucional en la que el Gobierno Provincial había asumido responsabilidad de control.

Las distintas conciliaciones obligatorias dictadas durante el conflicto fueron en el mismo sentido. La autoridad laboral exigió retrotraer la situación, preservar los puestos de trabajo y evitar cualquier medida que agravara la situación laboral. Patagonia Resources actuó en sentido contrario.

Los incumplimientos ya no son discutibles. La empresa desconoció el pliego, el acuerdo de Caleta Olivia y las conciliaciones obligatorias dictadas por la autoridad laboral. También demoró la actividad, dejó inversión sin ejecutar, mantuvo trabajadores sin tareas efectivas y pretendió sostener la renta de yacimientos que siguen generando petróleo, ingresos y valor sobre recursos santacruceños.

Frente a ese cuadro, la reversión debe aplicarse sin reservas ni demoras. Una operadora que no invierte, no sostiene empleo, no cumple acuerdos institucionales y no respeta la autoridad laboral rompe las condiciones que hicieron posible su ingreso. El Estado Provincial tiene que actuar.

Este conflicto excede la relación entre una empresa y un sindicato. Afecta recursos provinciales, empleo, producción, proveedores, comercios, localidades petroleras y futuro productivo. La respuesta ya no puede reducirse a reuniones, actas o compromisos que después se incumplen. La autoridad de aplicación tiene que tomar una decisión.

Santa Cruz ya conoce este camino. Empresas que reciben yacimientos en producción, prometen inversión, dilatan la actividad y descargan el costo sobre los trabajadores. Ese antecedente está a la vista en el conflicto que mantuvimos con SINOPEC. Patagonia Resources repite esa lógica en muy poco tiempo, y el Gobierno Provincial tiene la responsabilidad de impedir que vuelva a consolidarse.

El propio Gobierno ya dejó asentado por escrito que Patagonia Resources incumplió compromisos contractuales, laborales y convencionales. También ratificó que el traspaso de los trabajadores constituye una obligación jurídica exigible, asumida por la empresa en acuerdos celebrados con la Provincia y los gremios del sector. Esa definición es central porque el incumplimiento ya fue reconocido oficialmente como una conducta inadmisible.

En ese mismo pronunciamiento, advirtió que, si la empresa persistía en esa conducta omisiva, avanzaría sin dilación en la reversión del acuerdo celebrado y la quita del área concesionada, ejerciendo las facultades que le otorga el marco legal vigente. También exigió la presentación urgente de un plan de levantamiento de equipos y puesta en funcionamiento de perforadores, en línea con una agenda energética orientada a generar empleo, reactivar la producción y hacer cumplir las inversiones comprometidas.

Además, el Ministerio de Trabajo notificó a Patagonia Resources y a AESA mediante la instrucción de un sumario administrativo por obstrucción al proceso de conciliación obligatoria y violación de la paz social. La Provincia ya constató el incumplimiento, identificó la obligación laboral, reclamó actividad, abrió una instancia sancionatoria y advirtió con la reversión. Ahora corresponde actuar. Ya no hay lugar para más promesas, más firmas, más esperas ni nuevos cuartos intermedios.

Desde el primer día advertimos que ninguna decisión política, administrativa o empresarial podía poner en riesgo la continuidad laboral. Lo planteamos en audiencias, en mesas con el Gobierno Provincial, en asambleas y en cada instancia legal. El SIPGER denunció, reclamó, acató las conciliaciones obligatorias y sostuvo la defensa de los puestos de trabajo dentro del marco institucional.

Patagonia Resources eligió el camino opuesto. Avanzó sobre trabajadores, desoyó las advertencias, incumplió el equilibrio laboral del pliego y abandonó la responsabilidad productiva que había asumido. Los trabajadores forman parte de esa actividad. Sostuvieron esos yacimientos durante años y hoy vuelven a defender que esas áreas produzcan, inviertan y generen empleo.

El 2 de marzo llevamos adelante un paro general para reclamar a la operadora, reincorporaciones, continuidad laboral, cumplimiento del convenio y planes de inversión. El 3 de marzo acatamos la conciliación obligatoria dictada por la autoridad laboral para sostener la discusión dentro del marco legal, preservar la paz social y mantener firme el reclamo por trabajo y actividad real.

El 6 de marzo volvimos a denunciar la falta de tareas efectivas y la ausencia de inversión en los yacimientos. En esa instancia advertimos que, si una operadora no tenía capacidad técnica, financiera o empresaria para sostener producción y empleo, debía dar un paso al costado.

El 13 de marzo, en Caleta Olivia, el Gobierno Provincial, las operadoras y los gremios analizaron la situación laboral del sector, el impacto del recambio de empresas en las áreas que antes operaba YPF y las definiciones pendientes en los yacimientos maduros del norte santacruceño. La reunión fue encabezada por el ministro de Energía y Minería y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Patagonia Resources participó de esa mesa.

Allí las empresas que conforman la UTE se comprometieron a no avanzar con nuevos despidos. También se plantearon reincorporaciones, cumplimiento de actas firmadas, planes operativos, cronogramas claros, metas verificables para recuperar producción, reactivar equipos y terminar con trabajadores en espera o bajo amenaza de despido. El Gobierno Provincial aseguró que iba a intervenir para garantizar el cumplimiento de ese compromiso.

Ese punto es central. Patagonia Resources ya estaba obligada por el pliego que le permitió ingresar a las áreas. En Caleta Olivia volvió a comprometerse ante el Gobierno Provincial y los sindicatos a frenar despidos, ordenar reincorporaciones, presentar planes operativos y recuperar actividad. Incumplió las condiciones de origen y también la instancia posterior abierta por el propio Estado. Después de ese recorrido, la reversión dejó de ser una advertencia y pasó a ser la decisión institucional que corresponde.

El 1 de abril advertimos que el margen de espera se estaba agotando. La inversión de la Licitación N.º 006/2025 seguía sin aparecer tras cuatro meses de operación. Los trabajadores habían cumplido su parte para sostener los yacimientos, pero Patagonia Resources no daba una respuesta proporcional a la responsabilidad que había asumido.

El 10 de abril, en una asamblea general con la participación de 6.000 trabajadores, ratificamos el mandato de defender cada puesto de trabajo y pedir la reversión de las áreas frente a toda empresa que pretenda dejar trabajadores en la calle. Allí volvimos a plantear que las operadoras tienen que cumplir los planes de inversión y perforación comprometidos para 2026, porque Santa Cruz no puede sostener producción ni empleo con equipos parados, contratos sin activación y trabajadores sin tareas.

Esa asamblea resolvió a mano alzada el inicio de un plan de lucha con paro general por tiempo indeterminado. Fue una decisión colectiva, tomada frente a miles de compañeros, después de meses de reclamos, conciliaciones acatadas e incumplimientos sin respuesta suficiente.

El 7 de mayo, frente a nuevos despidos notificados por AESA a trabajadores que prestaban servicios en yacimientos operados por Patagonia Resources, el SIPGER anunció un paro general en las áreas de la operadora y exigió la inmediata retrotracción de las cesantías. Esa decisión empresaria volvió a quebrar la paz social y violó la conciliación obligatoria vigente dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Una vez más, el sindicato actuó con responsabilidad institucional y respeto por la legalidad. Acatamos la conciliación obligatoria, sostuvimos el reclamo dentro del marco correspondiente y exigimos que se retrotrajeran los despidos, se preservaran los puestos de trabajo y se restablecieran las condiciones previas al conflicto.

Sin embargo, la empresa volvió a incumplir. En la audiencia realizada el lunes 11 de mayo no hubo cambios concretos, no se retrotrajeron los despidos y la discusión pasó a un nuevo cuarto intermedio. Ese recorrido confirma que Patagonia Resources no corrige su conducta ni siquiera con intervención de la autoridad laboral y obligación expresa de retrotraer la situación.

La secuencia deja una conclusión clara. El SIPGER reclamó, denunció, sostuvo medidas, acató las instancias legales y llevó cada planteo al Gobierno Provincial. Patagonia Resources respondió con promesas incumplidas, falta de inversión, trabajadores sin tareas, despidos y desconocimiento reiterado de la conciliación obligatoria. Ahora la responsabilidad está en manos del Estado.

Las áreas que dejó YPF no pueden convertirse en una nueva frustración para Santa Cruz. Fueron adjudicadas para recuperar actividad, sostener empleo, aumentar producción y abrir una etapa distinta en los yacimientos maduros de la provincia. Si ese proceso termina en parálisis, despidos, trabajadores sin tareas y compromisos incumplidos, el problema ya no es solamente de una empresa. Es una señal de que el Estado debe corregir el rumbo antes de que el costo vuelva a caer sobre los trabajadores y las localidades petroleras.

El SIPGER va a acompañar a cada operadora que invierta, perfore, sostenga equipos, genere trabajo y cumpla sus compromisos. Pero no va a convalidar que una empresa aproveche recursos santacruceños, incumpla lo firmado ante el Gobierno Provincial, desconozca la conciliación obligatoria y use a los trabajadores como variable de ajuste.

Nuestra posición es clara. Reversión inmediata de las áreas, reincorporación de los trabajadores despedidos, cumplimiento estricto de la conciliación obligatoria y actividad real en los yacimientos.

Santa Cruz necesita una decisión de fondo. Las áreas estratégicas tienen que estar en manos de operadoras que produzcan, inviertan y respeten el trabajo. Si el propio Gobierno Provincial ya dejó asentado que los acuerdos se cumplen y que no habrá tolerancia frente a conductas que afecten derechos laborales, alteren la paz social o incumplan planes de inversión, entonces la consecuencia tiene que ser inmediata. Patagonia Resources tiene que cumplir. Si no cumple, debe dejar las áreas."