Sociales
DENUNCIA AMBIENTAL

Vaciadero de Río Gallegos: vecinos juntan firmas para su traslado y apuntan por fondos multimillonarios que se recibieron y nunca se utilizaron para ese fin

En un solo día, los vecinos autoconvocados superaron las 600 planillas de firmas. Crece la polémica por la falta de traslado del Vaciadero, por el cual la comuna recibió $60 millones entre 2013 y 2015 (unos $43 mil millones a valores actuales). Continúa la junta de firmas este lunes, en Kirchner y San Martín.

Vecinos avanzan con una denuncia ambiental mientras crece la polémica por el vaciadero municipal. Apuntan a incumplimientos, fondos nacionales mal ejecutados y promesas de traslado que nunca se concretaron. 

La tensión por el estado del basural a cielo abierto de Río Gallegos escaló en las últimas horas. Tras la difusión del conflicto y el cruce entre vecinos y responsables de la planta recicladora, se inició una campaña de firmas que ya suma unas 600 planillas en pocas horas. 

El referente de la iniciativa, Alejandro Pereyra, confirmó que la recolección continuará este lunes y que el objetivo es presentar una denuncia formal ante la Secretaría de Ambiente este martes. 

El reclamo apunta directamente al cierre del vaciadero y a exigir una solución estructural a un problema que lleva años sin resolverse.

Videos, inspecciones y versiones cruzadas 

Luego de la inspección oficial y del enfrentamiento con vecinos, la planta recicladora difundió videos en los que se muestra el predio saneado y un camión trasladando residuos hacia el relleno sanitario. 

Sin embargo, vecinos aseguran que ese traslado no ocurrió en la práctica y que las imágenes no reflejan la situación real del lugar. 

La polémica se da en paralelo a una inspección reciente de la Secretaría de Ambiente provincial, que constató el estado crítico del vaciadero municipal e intimó al Municipio a sanear el predio en un plazo de diez días. 

La defensa del Municipio y una vieja cautelar 

Desde el Ejecutivo local argumentaron que la falta de traslado de residuos responde a un supuesto incumplimiento de la provincia, en el marco de una medida cautelar que se remonta a 2015. 

No obstante, este argumento vuelve a poner sobre la mesa una discusión más profunda: el manejo de los fondos destinados justamente a resolver este problema. 

Fondos GIRSU: recursos, cambios de proyecto y obras inconclusas 

El programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) fue creado para erradicar basurales a cielo abierto, promover la economía circular y financiar sistemas de tratamiento y disposición final de residuos. 

En el caso de Río Gallegos, los antecedentes son contundentes: Por la Resolución N° 198 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, se aprobó un primer desembolso de más de $25 millones el 30 de diciembre de 2013 para el Municipio de Río Gallegos que encabezaba Raúl Cantín. Un valor que actualizado a hoy equivale a unos $30.200 millones (según IPC). 

Sin haber rendido esos fondos, el Municipio solicitó, en marzo de 2015, una ampliación por más de $59 millones. 

Y en octubre de ese mismo año, ya con Pablo Grasso como intendente tras la renuncia de Cantín, se concretó un segundo desembolso por más de $34 millones (equivalente a otros $13.700 millones más). Esto equivale que a valores actuales, el Municipio embolsó más de $43 mil millones y pese a eso, nunca ejecutó la obra. 

En aquel momento, la obra fue adjudicada a la empresa Edisud S.A., pero pese a que fue pagada en su totalidad, sólo se ejecutó menos del 30%. 

Este derrotero administrativo y político dejó un saldo concreto: los recursos existieron, pero la infraestructura prometida nunca se materializó. 

Procesamientos judiciales y responsabilidades políticas 

El manejo de estos fondos no quedó solo en el plano administrativo. En diciembre de 2019, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de varios intendentes por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" en el marco del programa GIRSU entre 2003 y 2015. Entre ellos a Raúl Cantín. 

El caso dejó expuesto un patrón: recursos destinados a resolver problemas ambientales estructurales que terminaron sin el destino previsto. 

Promesas incumplidas: un traslado que nunca llega 

El traslado del vaciadero municipal ha sido anunciado en múltiples oportunidades, además de 2013 y 2015: 

En 2019, durante la gestión de Roberto Giubetich, se habló del inicio del traslado. 

En 2022, se firmó un acuerdo con CGC para avanzar en un plan de traslado, por el cual la empresa desembolsó USD 5 millones. 

En 2023, el actual intendente Pablo Grasso anunció que el proceso comenzaría el 1 de agosto. 

Ninguna de estas promesas se concretó y apenas se avanza en el traslado de un volumen insignificante al relleno sanitario, el que a su vez, tiene deficiencias constructivas. 

Mientras tanto, el basural sigue operando en condiciones críticas, con más de 140 toneladas de basuras diarias que genera la ciudad y un manejo negligente de los residuos patogénicos, animales muertos y descarte de efluentes, a cielo abierto y con impacto directo en el ambiente y en la calidad de vida de los vecinos. 

Un conflicto que vuelve al centro de la escena 

El reclamo vecinal, ahora respaldado por una denuncia en camino que avalan centenares de vecinos que viven en forma lindante al vaciadero, vuelve a poner el foco un problema estructural de Río Gallegos: la falta de una política sostenida y eficaz de gestión de residuos. 

Entre fondos nacionales que fueron desviados a otros fines, responsabilidades compartidas y años de anuncios incumplidos, el vaciadero se mantiene como un símbolo de una deuda ambiental que sigue sin saldarse.