El lunes de la semana pasada el juez Antonio Andrade, titular del Juzgado de Familia Nº2 de Río Gallegos, intimó a Servicios Públicos S.E. a que en el término de 20 días celebre una audiencia pública "en la que se proceda a dar debida explicación de los alcances del nuevo cuadro tarifario". Se trata de una nueva instancia en un proceso judicial que inició en marzo de 2017, cuando la diputada presentó un recurso de amparo "contra el brutal tarifazo", en carácter de usuaria del servicio.
"A lo largo de todo este año las autoridades de la empresa utilizaron diferentes mecanismos para no dar respuestas ante los usuarios, trataron de evitar las explicaciones ante la justicia y, en uno de sus últimos gestos, faltaron a una audiencia de partes citada por el juez a comienzos de este mes", advertía la legisladora la semana pasada.
La novedad de los últimos días reside en que Servicios Públicos por ahora sólo responde a través de solicitadas en los diarios que se editan en Río Gallegos. "Dejen de ‘dar explicaciones' en las páginas de los diarios y háganlo de cara a la gente. En vez de gastar dinero en solicitadas, respeten la decisión de la justicia y llamen a audiencia pública", cuestionó Mestelán.
Para la diputada de Encuentro Ciudadano, son varios los aspectos "sobre los que nada dicen los funcionarios de gobierno", como por ejemplo "por qué diseñan un cuadro tarifario que perjudica más a los que menos consumen; por qué cobran más de 82 pesos por impresión y reparto de boletas, cuando una carta simple cuesta 20 pesos y una fotocopia cuesta alrededor de 2, e incluso hay personas que realizan pago electrónico y sin embargo les siguen cobrando el valor de la impresión; o por qué quitaron de las boletas el gráfico que nos permitía ver cuál era nuestro consumo real mes a mes, porque no consumimos lo mismo en electricidad en enero que en julio", resume la legisladora.
LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS
En el marco de la discusión nacional respecto de los aumentos en las tarifas de la energía eléctrica, la diputada recordó que en noviembre del año pasado se realizó una audiencia pública convocada por organismos del Estado nacional. "Allí se escucharon numerosas voces en favor de los derechos de las personas, de los usuarios, y vale la pena destacar algunos argumentos que también son válidos analizar para la situación de Santa Cruz", explicó.
"Algunos Defensores del Pueblo de diferentes distritos argumentaban que el Estado debe garantizar el acceso al servicio público de electricidad y que las tarifas deben ser asequibles, esto significa que se debe considerar la capacidad de pago de los usuarios y no poner a las persona ante la disyuntiva de elegir entre abonar la factura de luz u otros bienes esenciales, como alimentos, vivienda, educación y salud", destacó. "Allí se planteaba que se trata de servicios esenciales, es decir, indispensables para un nivel de vida mínimo que, además, son una condición necesaria para satisfacer derechos humanos elementales", agregó.
"Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y vamos a seguir insistiendo: el esquema tarifario en Santa Cruz tiene elementos profundamente injustos y hay personas que sencillamente no puede pagar semejantes subas de tarifas, pensemos que a muchos ya les costaba pagar boletas de 2500, hasta 3 mil pesos el año pasado. Ello sumado a que en la provincia hablamos de una empresa estatal de energía, es decir, una empresa conducida políticamente por el mismo gobierno que congela los salarios e incumple en el pago en tiempo y forma", argumentó.
"Es hora de que el las autoridades de Servicios Públicos expliquen de cara a la ciudadanía y dejen de despreciarla", concluyó la diputada de Encuentro Ciudadano.
