La ex Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, había decidido a través del Decreto Nº 2229/15, publicado en Boletín Oficial el 3 de noviembre de 2015, el restablecimiento de la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones establecido en el artículo 1° de la Ley 23.018, manteniéndose los niveles de beneficio aplicables desde el 1° de enero de 1984, para todos los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado que se mencionan en dicha Ley por el término de CINCO (5) años a partir de la entrada en vigencia del mismo decreto.

Cabe recordar que la Ley N° 23.018 dispuso el otorgamiento de un reembolso adicional a la exportación de mercaderías cuyo embarque y respectivo “cumplido” de la declaración aduanera de exportación para consumo se realice por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado, siempre que dichas mercaderías se hubieren cargado a buque mercante con destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para transbordar en cualquier puerto nacional con destino al exterior.

Esto generó a nuestra provincia, en particular, un ingreso que hoy alcanza los $68.730.099,94 producto de la percepción de la tasa para la obtención del certificado de origen por reembolso de puertos patagónicos. La mencionada tasa se estableció en el 1% calculado sobre el valor FOB (Libre a Bordo) declarado en el cumplido de embarque correspondiente.

El actual presidente, Mauricio Macri, decidió por DNU Nº 1199/2016, publicado en el día de ayer en el Boletín Oficial, derogar el Decreto Nº 2229/15, basándose en un tramo de sus considerandos en que “la elevada desproporción producida entre los montos abonados en concepto de derecho de exportación y los que corresponden a lo percibido por aplicación del reembolso adicional a las exportaciones restablecido por el Decreto N° 2.229/15 —potenciado por los lineamientos establecidos por la actual política económica que llevaron a disponer la reducción al CERO POR CIENTO (0%) de las alícuotas del tributo—, importa un desmesurado sacrificio fiscal de las cuentas públicas, por lo que se torna ineludible la eliminación del beneficio en cuestión”.

Esta medida implicará, para la Provincia de Santa Cruz, dejar de percibir un monto anualizado aproximado de $345.598.525,16 coparticipables entre todos los municipios de la provincia.